El Consell Insular de Ibiza y el Ayuntamiento de Sant Joan de Labritja han llevado a cabo este viernes un operativo conjunto que ha culminado con el precinto de un establecimiento turístico ilegal ubicado en la zona de Benirràs, en suelo rústico protegido.
La actuación ha contado con la participación de los servicios de inspección turística del Consell, así como de la Policía Local y el departamento de Urbanismo de Sant Joan, en el marco del Plan de Choque contra el Intrusismo, activado este mismo año tras la modificación de la ley autonómica que permite actuar con mayor contundencia contra las actividades ilegales.
El establecimiento, una vivienda convertida en alojamiento turístico, ha sido objeto de varias inspecciones en los últimos meses. En ellas se detectaron tres infracciones graves:
Oferta de alojamiento turístico sin licencia
Actividad como centro de yoga sin autorización
Construcción de casetas de madera ilegales en terreno rústico protegido
A pesar de una orden de demolición emitida por el Ayuntamiento, las casetas continuaban en pie y habitadas por personas que aseguraron ser clientes del establecimiento. También se mantenían elementos identificativos propios de un negocio turístico, como cartelería y recepción.
Como resultado, el Consell ha suspendido la actividad alojativa y ha propuesto una sanción de 250.000 euros por ejercer sin licencia. Por su parte, el Ayuntamiento de Sant Joan ha iniciado un expediente sancionador por infracción muy grave en materia de actividades, con una propuesta de 165.000 euros adicionales y la prohibición total de continuar la actividad.
Además, el incumplimiento del precinto podría suponer un delito de desobediencia, lo que abriría la vía a acciones penales contra los responsables del negocio.
“Los piratas ya no tienen sitio ni negocio”
El conseller insular de Lucha contra el Intrusismo, Mariano Juan, ha valorado muy positivamente esta actuación:
“Es el primer precinto de una actividad turística ilegal dentro del nuevo marco legal. Las cosas están cambiando en Eivissa: la sensación de impunidad se ha acabado y los piratas ya no tienen sitio ni negocio”.
Juan también ha agradecido la colaboración del Gobierno balear, que modificó la ley para permitir estos precintos, y la implicación del equipo del Ayuntamiento de Sant Joan, encabezado por su alcaldesa, Tania Marí, quien ha asegurado:
“Pondremos todos los recursos necesarios para combatir las actividades ilegales y garantizar la convivencia y la legalidad en el municipio”.
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