R. Beltrán/ “No se ha hecho justicia”. Así de contundente se ha mostrado Neus Prats, portavoz del Grup d’Estudis de la Naturalesa (GEN), con la sentencia que hizo pública la Audiencia Provincial de Balears al respecto del caso Cretu, en la que el músico fue el único condenado con una pena de seis meses de cárcel y una multa económica de 10.800 euros por un delito contra la ordenación del territorio. Por este motivo, el GEN ha anunciado que presentará un recurso de casación ante el Tribunal Supremo, “porque hay más responsables que los que señala la sentencia”.
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Los ecologistas basarán este recurso, que podría terminar anulando la sentencia emitida desde Palma, en las pruebas “que la Audiencia Provincial no ha valorado”, según ha explicado Prats. “En este caso no hay sólo un culpable, sino que también existen colaboradores necesarios”, ha subrayado la portavoz del GEN, antes de señalar que harán todo lo que esté en sus manos para que se depuren las responsabilidades derivadas de este caso.
Un culpable, cuatro exculpados
La sentencia que se dio a conocer el 9 de diciembre eximía de responsabilidades penales al exalcalde de Sant Antoni de Portmany, Antoni Marí Tur, y la exconcejala de Urbanismo, Blanca Castiella, sobre los que pendía un delito de prevaricación urbanística. Otros de los exculpados fueron el aparejador Miguel Ángel Martí Miralles, que resultó absuelto del delito de falsedad, y el arquitecto del proyecto, José Torres, acusado de un delito contra la ordenación del territorio.
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La sentencia del caso Cretu, cuyo proceso se inició gracias a una denuncia del GEN, indignó a los ecologistas, quienes la definieron como “vergonzosa hasta extremos alucinantes”. Según declaró Neus Prats cuando se dio a conocer la pena impuesta a Michel Cretu y las exculpaciones del resto de encausados, “si en un caso tan vergonzosamente claro no hay una sentencia condenatoria es porque por parte de la administración de Justicia no hay ninguna voluntad por acabar con la impunidad”. La portavoz del GEN mostró la indignación de esta entidad con una sentencia mucho más blanda de lo que los ecologistas esperaban: “El único hábitat protegido que existe en Eivissa es el despacho de los políticos corruptos”.
