El Tribunal Supremo (TS) ha rechazado el argumento de mercado geográfico presentado por la empresa ibicenca Voramar El Gaucho para intentar evitar la multa impuesta por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) por su presunta participación en un cártel de transporte de viajeros por carretera.
Según la sentencia, el TS ha resuelto a favor del abogado del Estado y revoca la decisión de la Audiencia Nacional, que había anulado previamente una sanción de 296.900 euros.
La CNMC había multado a Voramar El Gaucho por supuestamente participar en el reparto de rutas escolares en licitaciones públicas entre 2003 y 2013 y por la posible fijación de precios mínimos en el transporte de viajeros por carretera en la pitiusa durante 2004 y 2005.
La compañía forma parte de la Asociación Pitiusa de Empresas del Servicio Regular de Viajeros, integrada en la Federación Empresarial Balear de Transportes (FEBT), que según la CNMC estaba al corriente de la constitución del cártel. En 2014, la empresa facturó 935.350,76 euros por transporte escolar en Ibiza.
La Audiencia Nacional había anulado la sanción considerando que la definición del mercado geográfico era incorrecta, ya que se refería al archipiélago balear en su conjunto y no solo a la isla de Ibiza. Según ese criterio, cada isla constituiría un mercado independiente.
Sin embargo, el Tribunal Supremo ha corregido este razonamiento, destacando que la delimitación geográfica no es esencial para determinar la infracción. Lo relevante es la concertación en el mercado de las licitaciones públicas, que abarcó todo el territorio autonómico, haciendo válida la sanción de la CNMC.
Con esta resolución, la Audiencia Nacional podrá revisar el caso nuevamente, pero ya no podrá anular la multa basándose en el criterio de mercado geográfico, sino que deberá centrarse en el resto de argumentos presentados por las partes.
El fallo del TS establece una doctrina relevante para futuros casos de cárteles en territorios fragmentados como Baleares, consolidando la actuación de la CNMC frente a prácticas anticompetitivas en la región.
EFE
