El Ayuntamiento de Ibiza ha recibido la autorización judicial para proceder al desalojo, desmontaje y limpieza de la parcela conocida como Sa Jovería, una actuación que se llevará a cabo previsiblemente el próximo 21 de abril a las 10.00 horas.
La resolución, emitida por la Sección de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal de Instancia de Palma y notificada al consistorio el pasado 20 de marzo, permite intervenir en este espacio tras constatarse diversos riesgos para la salud, la seguridad y el medio ambiente.
El Ayuntamiento ha iniciado ya la notificación a las personas afectadas, tal y como establece el procedimiento, mientras que los servicios sociales municipales mantienen el seguimiento de la situación y ofrecerán apoyo a quienes se encuentren en situación de vulnerabilidad.
El consistorio había requerido en noviembre a los propietarios de la parcela, mediante una orden de ejecución, que procedieran a la retirada de residuos y al mantenimiento del terreno en condiciones adecuadas. Ante la falta de actuación por parte de la propiedad, se inició el procedimiento judicial que ahora permite la intervención directa.
Una vez finalizados los trabajos de limpieza y desmantelamiento, la parcela será vallada para evitar que vuelvan a producirse asentamientos en la zona.
En Sa Jovería se habían instalado infraviviendas, casetas y tiendas de campaña en las que residían, según estimaciones de la Policía Local y los servicios sociales, alrededor de 130 personas.
Las condiciones de vida en este asentamiento carecen de los mínimos requisitos de higiene y seguridad: no hay acceso a agua potable, ni sistemas de saneamiento o gestión de residuos. Además, se ha detectado un elevado riesgo de incendio debido al uso de hornillos, estufas y bombonas de gas.
El expediente incluye informes de distintos organismos, entre ellos técnicos municipales de Medio Ambiente, Policía Local, Aqualia, Valoriza y el Hospital Can Misses.
Este último advierte de riesgos como la acumulación de residuos, vertidos incontrolados, proliferación de plagas (mosquitos, roedores e insectos) y posibles focos de transmisión de enfermedades. También señala la proximidad al helipuerto hospitalario, con el consiguiente riesgo por desplazamiento de objetos, así como accesos no autorizados al recinto.
Asimismo, se alerta de posibles afecciones al suelo y a las aguas subterráneas, así como de un incremento de la presión sobre los servicios de seguridad y control sanitario del hospital.
Los informes coinciden en señalar también el impacto ambiental y el alto riesgo de incendio y propagación debido a la presencia de materiales inflamables.
Seguimiento institucional y apoyo social
El Ayuntamiento de Ibiza lleva meses realizando un seguimiento de la situación. En mayo de 2025 se constituyó una mesa de trabajo con distintas administraciones y cuerpos de seguridad, entre ellos el Consell de Ibiza, Policía Local, Guardia Civil, SEPRONA e IBANAT.
Desde entonces, se ha mantenido una supervisión constante a través de reuniones periódicas y coordinación entre áreas municipales.
Actualmente, los servicios sociales tienen abiertos seis expedientes de vulnerabilidad y continúan prestando atención a estas personas. Estos servicios estarán presentes durante el desalojo para ofrecer asistencia a quienes lo necesiten.
El alcalde de Eivissa, Rafael Triguero, ya había advertido en meses anteriores de la situación judicial de los principales asentamientos de la ciudad, subrayando que esta actuación responde a criterios de salud pública, seguridad y protección del entorno, y que se actuará con firmeza pero también con sensibilidad hacia las personas en situación de vulnerabilidad.
Está bien que se recuerde que las condiciones en el asentamiento no son muy allá, por si acaso los que viven ahí aún no se han enterado.