La presidenta del Congreso, Francina Armengol, y el ministro Ángel Víctor Torres han negado haber dado o recibido órdenes en favor de la trama del caso Koldo para la compra de mascarillas durante la pandemia a Soluciones de Gestión, la empresa del presunto comisionista Víctor de Aldama.
El juicio contra el exministro José Luis Ábalos, su exasesor Koldo García y el empresario Víctor de Aldama ha comenzado este martes en el Tribunal Supremo con la lectura de los informes remitidos por Armengol y Torres en calidad de testigos, un privilegio que había autorizado previamente la Sala en cumplimiento con la ley que les exime de comparecer presencialmente, de responder a un cuestionario de preguntas y de no ser repreguntados.
Dijo el Supremo que el contenido de esos informes debía ajustarse a lo que relaciona el Ministerio Fiscal en su escrito de acusación sobre la influencia y la facilitación de relaciones de la trama con las administraciones autónomas que presidían, el Govern de les Illes Balears y el Gobierno Canario, respectivamente.
La letrada de la administración de Justicia ha comenzado leyendo el informe de Armengol, en el que la presidenta de Balears entre 2015 y 2023 ha asegurado que «desconocía la tramitación de cualquier expediente administrativo» ya que ella «no realiza contrataciones ni transmite instrucciones sobre a quién hay que contratar».
Armengol: «nunca recibí ordenes o presiones para contratar con una determinada empresa«
«Mientras he sido presidenta nunca he contactado con empresas para encargar o tramitar contrataciones públicas. Incluyo a Soluciones de Gestión», ha explicado la presidenta del Congreso.
Por tanto, afirma en el escrito: «nunca recibí orden o presión para efectuar compra o contrato alguno ni supe de ningún cargo que recibiese órdenes o presiones para que se comprara a determinados proveedores».
Armengol ha explicado que en las primeras semanas de la pandemia, «el mercado ordinario (de mascarillas) había desaparecido» por lo que «se aprobó el marco legal necesario para afrontar contrataciones de emergencia» y poder así «abastecer a la población».
En este contexto, se trasladó a distintos miembros del Govern que cualquier contacto u oferta se derivase al servicio de Salud, encargado de evaluar propuestas con arreglo a criterios técnicos.
Fue entonces, ha continuado, cuando Koldo contactó con la administración balear ofreciendo la posibilidad de participar en la compra de material sanitario liderado por el Ministerio de Transportes, si bien ella ha precisado que no recuerda ni tiene constancia de haberse intercambiado mensajes con el exasesor.
«No he hablado con García ni con otra persona sobre expedientes de compras» y sobre Ábalos «nunca mantuve conversación sobre compra de material sanitario, ni me ofreció llevarlo a cabo», precisando que las únicas conversaciones que mantuvo con el entonces ministro se refirieron al cierre de puertos y aeropuertos.
En relación a Aldama ha dicho que «desconocía su papel en esta causa hasta que fue pública», por lo que nunca habló con él. Baleares aprobó una compra de mascarillas de Soluciones de Gestión y rechazó una segunda en aplicación de criterios técnicos.
Torres: «no di ni recibí órdenes en favor de la empresa de Aldama«
Por su parte, Torres ha afirmado en su escrito que se enteró de la tramitación de los expedientes de emergencia de compra de mascarillas cuando en julio de 2020 le contactó Koldo para trasladarle su «preocupación por la falta de respuesta por parte de servicio canario de Salud a la entrega de mascarillas por Soluciones de Gestión».
Tras esa llamada, y «verificar que existían compromisos de cumplimiento entre el servicio canario de Salud y la mercantil», hizo un «seguimiento de expedientes respetando las decisiones que el servicio canario entendía más adecuadas».
Es decir, «únicamente intervine para hacer seguimiento del expediente en un momento posterior a la contratación, cuyas principales decisiones las hizo el servicio canario», por tanto, «no di ninguna orden ni formalice decisión a favor de la mercantil».
Torres ha explicado que se realizaron dos compras de material sanitario por 12 millones de euros a Soluciones de Gestión, cuyos expedientes fueron tramitados «con rigor técnico y administrativo, no habiéndose percibido riesgos de ilegalidad en la tramitación».
EFE
