En política, hay quienes se dedican a leer expedientes y quienes prefieren que les redacten el argumentario de prensa para no tener que pensar. La reciente reactivación de la causa sobre la campaña turística «La vida islados» y la apertura de juicio oral al presidente del Consell, Vicent Marí, es el ejemplo perfecto de esto último. Una noticia que resulta asombrosa, sobre todo cuando era la propia Fiscalía quien pedía el sobreseimiento y archivo del caso.
Hagamos memoria, porque en el debate público el contexto lo es todo. Este expediente nació en 2020 a raíz de una denuncia anónima, saltando a los juzgados y a las portadas a mediados de 2022. Como era previsible, PSOE y Podemos tardaron minutos en activar el ventilador y exigir una comisión de investigación. En aquel momento, como único conseller de Ciudadanos y socio de gobierno, mi obligación no era salir a gritar frente a un micrófono —que hubiese sido lo más rentable electoralmente hablando—, sino hacer mi trabajo: sentarme y estudiar las 550 páginas y la multitud de informes que conformaban el expediente de la contratación de emergencia.
¿El resultado? Frente al relato apocalíptico de la izquierda, la realidad administrativa era muy distinta: no había nada de calado. Todos los informes eran favorables, a excepción de uno. Para no dejar margen a la duda, contrasté el expediente con un abogado especialista en derecho administrativo. Su conclusión calcó la mía: jurídicamente, no había caso.
Aun así, quise dar a la oposición el beneficio de la duda. Me reuní con el PSOE y les hice la pregunta clave: «¿Qué dudas técnicas tenéis sobre el expediente?». La respuesta fue una confesión en toda regla: «Queremos explicaciones políticas». Traducido al idioma de la calle: no buscaban la verdad, buscaban un escenario. Querían exprimir el tema y montar un circo mediático para intentar desgastar al contrincante político, como ocurre con tantas comisiones de investigación. Como no estaba dispuesto a alimentar ese teatrillo, desarticulé la maniobra forzando un pleno extraordinario para hablar, con luz y taquígrafos, única y exclusivamente del expediente. Ahí se les acabó la película.
Conviene recordar de dónde venimos para entender el porqué de las decisiones. En 2020, Ibiza miraba de frente al abismo económico provocado por la COVID-19. Estábamos rezando para poder abrir al turismo y evitar un drama social histórico. El Consell d’Eivissa no podía, ni debía, ponerse de perfil. La campaña de promoción se contrató por urgencia porque era vital, utilizando las herramientas legales disponibles y respondiendo, en muy poco tiempo, a los gritos de auxilio de todo el sector productivo y los agentes sociales de la isla.
A día de hoy, apostaría a que soy de las pocas personas que se ha leído y ha analizado ese expediente completamente. Los portavoces que hoy impostan indignación frente a las cámaras probablemente no han pasado del resumen de folio y medio que les habrá preparado su técnico de prensa (no sea que se vayan a herniar ellos trabajando de verdad).
El desenlace de esta historia está escrito: quedará en nada. El verdadero drama es la «pena de telediario» y de banquillo. La exasperante lentitud de la justicia obliga a la persona que está en el foco a soportar un calvario procesal, alimentado por una izquierda que, ante su absoluta falta de proyecto para Ibiza, se aferra a un clavo ardiendo. Dudo si denuncian convencidos de que hay algo o si saben que está vacío y solo buscan rascar votos. No sé qué opción es más preocupante.
El expediente es exactamente el mismo hoy que hace seis años. La legalidad no muta con el tiempo. Me puedo equivocar, pero estoy convencido de que todo se archivará y, cuando eso ocurra, nadie en la oposición pedirá disculpas. A estas alturas no creo que nadie las espere.
