La situación del mercado del alquiler en Ibiza volvió este martes al debate del Parlament balear. El diputado socialista y candidato del PSOE a la presidencia del Consell de Ibiza, Àlex Pitaluga, advirtió de las dificultades que afrontan los inquilinos cuando finalizan sus contratos y se ven obligados a asumir nuevas rentas.
«En Ibiza perder un alquiler puede significar que tengas que irte de la isla», afirmó Pitaluga durante el pleno de la Cámara autonómica, donde situó el precio de la vivienda como uno de los principales problemas para los residentes.
Según los datos expuestos por el diputado, alrededor de 25.000 contratos de alquiler están pendientes de renovación en el conjunto de Baleares.
En Ibiza, añadió, el precio medio de un piso de 80 metros cuadrados alcanza los 2.448 euros mensuales.
Pitaluga señaló que la situación afecta tanto a familias y jóvenes como a trabajadores de sectores esenciales para la isla. «Una persona puede haber pagado puntualmente durante años y, cuando se acaba el contrato, encontrarse ante una renta que ya no puede asumir», explicó.
El diputado socialista también cifró en 133 los desahucios vinculados al alquiler registrados en Ibiza durante 2025, mientras que en Mallorca fueron 634. Según su intervención, en Baleares se registra una de las tasas más elevadas de España.
El debate sobre las medidas contra los desahucios
Pitaluga criticó al PP por votar en el Congreso en contra de dos decretos que incluían una prórroga extraordinaria para los inquilinos que estuvieran al corriente de sus pagos, además de medidas de protección para personas vulnerables ante un desahucio.
El socialista sostuvo que estas medidas permitieron paralizar cuatro desahucios en Baleares durante el periodo en que estuvieron vigentes: dos en Mallorca y dos en Ibiza.
En los casos de vulnerabilidad, explicó, la normativa contemplaba que las administraciones ofrecieran una alternativa habitacional o asumieran los pagos y compensaciones correspondientes, evitando que el coste recayera sobre los pequeños propietarios.
Pitaluga acusó al PP de favorecer una política que, a su juicio, deja a los inquilinos en una posición de mayor vulnerabilidad. «Votar para que te puedan desahuciar y votar para que te puedan subir el alquiler un 70% o incluso más», afirmó.
La diputada socialista y portavoz de Vivienda, Mercedes Garrido, puso el foco en otro indicador de la presión inmobiliaria en Ibiza: el precio de las habitaciones. Según denunció, se están ofreciendo habitaciones compartidas por 950 euros al mes.
«Es dramático lo que nos encontramos cuando vemos lo que hay en Ibiza», señaló Garrido, que cuestionó las políticas del Govern balear en materia de vivienda.
Durante su intervención, la diputada también vinculó el problema del acceso a la vivienda con el blanqueo de dinero procedente del narcotráfico y aludió al caso del marido de una concejala del PP de Santa Eulària des Riu.
Garrido reclamó al Govern que aplique las medidas estatales de protección de los inquilinos y resumió la posición de su grupo con una comparación: «Cuando se trata de elegir entre los fondos de inversión y los ciudadanos, nosotros elegimos a los ciudadanos».
El PSOE reclama datos sobre las listas de espera sanitarias
La vivienda no fue el único asunto relacionado con Ibiza abordado durante el pleno. La diputada socialista Irantzu Fernández volvió a reclamar a la consellera de Salud, Manuela García, información sobre la situación de la sanidad pública y, especialmente, sobre las listas de espera.
Fernández cuestionó los datos que ofrece el Govern sobre la evolución de las demoras y reclamó que se facilite la documentación que permita contrastar las cifras.
La diputada aseguró que la consellera habla semanalmente de una mejora de las listas de espera, incluida una reducción del 50% en la demora de las segundas consultas, pero que el Ejecutivo no facilita la información necesaria para comprobar esos datos.
«¿Por qué no nos da la documentación? ¿Por qué no responde a las preguntas?», planteó Fernández durante el pleno.
La socialista contrapuso los datos del Govern con las quejas de pacientes que, según afirmó, esperan durante meses para someterse a intervenciones o revisiones y llegan a ver caducadas las pruebas médicas realizadas previamente.
Críticas a la gestión de IB3
El pleno también abordó la situación de la radiotelevisión pública balear. La diputada socialista Pilar Costa acusó al Govern de Marga Prohens de ejercer presiones sobre IB3 y reclamó una mayor independencia de los medios públicos ante la próxima convocatoria de elecciones generales.
Costa aseguró que las informaciones elaboradas por IB3 deben ajustarse a los intereses del PP y denunció una supuesta interferencia directa de la presidenta del Govern.
Como ejemplo, señaló la cobertura de la crisis de la vivienda. Según Costa, mientras las movilizaciones ciudadanas reclaman medidas para facilitar el acceso a la vivienda, IB3 estaría dando mayor protagonismo a la ocupación y contribuyendo a enfrentar a propietarios e inquilinos.
«IB3, en estos momentos, está más secuestrada con el PP que nunca en la historia de esta comunidad», afirmó la diputada durante el pleno.
