La Asociación de Juristas Animalistas (ADJA) ha requerido formalmente a los ayuntamientos de Sant Josep de sa Talaia y Sant Joan de Labritja para que cumplan las obligaciones que les atribuye la Ley 7/2023 de protección de los derechos y el bienestar de los animales en la gestión de las colonias felinas. La entidad denuncia carencias en la aplicación de la normativa y reclama a ambos consistorios que detallen las medidas adoptadas y pongan en marcha las actuaciones pendientes.
Los escritos, presentados el 13 de noviembre, se apoyan principalmente en los artículos 38 y 39 de la ley estatal, que establecen la obligación de identificar mediante microchip y esterilizar a los gatos comunitarios, así como la responsabilidad de las administraciones locales en la gestión de sus colonias, en los términos previstos por la normativa. ADJA sostiene que la colaboración de asociaciones y personas cuidadoras no puede sustituir la responsabilidad municipal. Por ello, reclama que los ayuntamientos desarrollen programas específicos con planificación, recursos y actuaciones verificables.
Entre las medidas que exige la asociación figura la elaboración de un censo y un mapa de las colonias felinas de cada municipio, con el fin de conocer su población y planificar las intervenciones. También reclama que se aplique el método CER -captura, esterilización y retorno- mediante profesionales veterinarios habilitados, con el correspondiente marcaje auricular. La entidad recuerda que la ley establece la identificación obligatoria mediante microchip de los gatos comunitarios, registrada bajo la titularidad de la Administración local competente. Asimismo, reclama programas sanitarios supervisados por un veterinario colegiado, que incluyan desparasitación, vacunación y atención a los animales que lo necesiten.
La gestión municipal, según los requerimientos, también debe contemplar la regulación de los derechos y obligaciones de las personas cuidadoras, protocolos para las colonias situadas en propiedades privadas, campañas de información y formación, y procedimientos para resolver posibles conflictos vecinales. ADJA reclama que los consistorios destinen recursos económicos suficientes y una partida presupuestaria específica para desarrollar estas actuaciones. Entre las necesidades que señala incluye la financiación de la alimentación dentro de una gestión organizada, así como la limpieza y los cuidados de los animales.
La asociación también recuerda que los ayuntamientos deben disponer de un espacio adecuado para la retirada temporal de gatos cuando resulte necesario, elaborar informes estadísticos anuales y establecer mecanismos de vigilancia y control para evitar la reproducción de gatos domésticos sin identificar ni esterilizar con los ejemplares de las colonias.
En cuanto a la retirada o traslado de animales, ADJA advierte de que estas actuaciones deben ajustarse a las excepciones y garantías previstas en el artículo 42 de la ley. La normativa limita la retirada de gatos comunitarios de sus colonias y establece condiciones para su posible reubicación, entre ellas la justificación de la medida y la supervisión veterinaria en los supuestos contemplados. La asociación subraya además que la existencia de un espacio municipal de retirada temporal no permite confinar indiscriminadamente a gatos no socializados.
La entidad recuerda que los ayuntamientos pueden solicitar el apoyo de los consejos insulares para cumplir estas obligaciones, pero considera que el voluntariado y las aportaciones económicas de las personas cuidadoras no deben convertirse en un sustituto permanente de la gestión pública.
Los requerimientos solicitan a Sant Josep y Sant Joan una respuesta por escrito en la que se detallen las medidas adoptadas, los recursos destinados y un calendario para cumplir las obligaciones pendientes.
La asociación invoca el artículo 29.1 de la Ley reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa y señala que, si transcurren tres meses desde cada reclamación sin que se atienda lo solicitado ni se alcance un acuerdo, valorará las acciones judiciales que puedan corresponder, incluida la vía por inactividad administrativa cuando se cumplan los requisitos legales y de legitimación. ADJA resume su reclamación con un mensaje dirigido a las administraciones locales: «Cumplir la ley también es una obligación de los ayuntamientos». La entidad defiende que la protección de los gatos comunitarios requiere gestión pública, financiación y medidas que puedan comprobarse.
