Las Islas Baleares registraron 1.191 fraudes eléctricos entre enero y septiembre de 2026, según los datos de e-distribución, la filial de redes de Endesa. La cifra supone una media de más de cuatro casos detectados cada día, aproximadamente uno cada cinco horas y media, y refleja la dimensión de un problema que afecta tanto a la seguridad de las instalaciones como a la calidad del suministro eléctrico.
La energía asociada a estos fraudes alcanzó los 14.078.226 kilovatios hora (kWh), un volumen equivalente al consumo anual de más de 4.000 hogares. Los datos, facilitados por e-distribución, sitúan a Baleares dentro de una problemática que también mantiene una tendencia creciente en el conjunto de España, donde la compañía detectó más de 56.300 fraudes eléctricos durante los nueve primeros meses del año. Esto representa más de 200 casos diarios, aproximadamente uno cada siete minutos, y un incremento del 3,4 % respecto al mismo periodo del ejercicio anterior.
La energía recuperada asociada a estos robos en el conjunto del país alcanzó los 630,6 millones de kWh, equivalente al consumo anual de más de 180.000 viviendas. Uno de los aspectos más preocupantes del fraude eléctrico es su vinculación con actividades delictivas, especialmente con las plantaciones ilegales de marihuana instaladas en viviendas y naves industriales.
En el conjunto de España, e-distribución ha desmantelado 1.075 fraudes eléctricos relacionados con este tipo de cultivos entre enero y septiembre, en operaciones realizadas junto a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. La energía defraudada en estas instalaciones alcanzó los 106 millones de kWh.
Esto supone localizar, de media, una plantación conectada ilegalmente a la red cada seis horas, alrededor de cuatro al día. Según la compañía, cada una de estas instalaciones consume de media la electricidad equivalente a 80 viviendas. En Baleares, durante el mismo periodo, se registraron dos expedientes vinculados a plantaciones de marihuana, con un volumen de energía asociado de 153.569 kWh.
El problema no termina necesariamente cuando se detecta una conexión ilegal y se desmantela. E-distribución advierte de que, en las zonas especialmente afectadas por el fraude masivo, las desconexiones realizadas junto a las fuerzas de seguridad suelen ir seguidas de nuevas conexiones clandestinas en cuestión de horas o días.
Esta situación provoca sobrecargas extremas en la red y perjudica especialmente a los vecinos y negocios que tienen sus instalaciones y contratos eléctricos en regla. La compañía explica que, en determinadas zonas, la potencia instalada llega a multiplicar por cinco la que sería necesaria en función del número de habitantes, pero el consumo procedente de las conexiones ilegales termina saturando igualmente la infraestructura.
Las consecuencias pueden traducirse en interrupciones frecuentes del suministro. En los entornos con mayor concentración de fraude, las protecciones eléctricas de la red llegan a actuar repetidamente por sobrecarga, con episodios de hasta 15 fusibles fundidos en un solo día.
Estos cortes afectan también a los clientes que disponen de contratos e instalaciones completamente legalizados y que comparten la misma infraestructura.
Además, la manipulación de las instalaciones eléctricas supone un riesgo muy grave de electrocuciones, incendios, sobrecalentamientos y explosiones, tanto para quienes realizan las conexiones ilegales como para los vecinos y los trabajadores que intervienen sobre la red.
La problemática también tiene consecuencias para los profesionales encargados de mantener y reparar las instalaciones eléctricas. E-distribución alerta de que las agresiones a sus técnicos y a los trabajadores de las empresas contratistas que operan sobre el terreno se han multiplicado por más de tres desde 2024.
La tendencia continúa durante 2026. Hasta septiembre, el número de agresiones ya había superado en cerca de un 20 % el total registrado durante todo 2025. La empresa relaciona este incremento con la creciente vinculación del fraude eléctrico con actividades delictivas, especialmente en instalaciones destinadas al cultivo ilegal de marihuana.
E-distribución valora positivamente la entrada en vigor de la Ley Orgánica 1/2026, que incorpora un nuevo apartado al artículo 255 del Código Penal y contempla penas de prisión cuando la defraudación de electricidad se realiza para abastecer instalaciones utilizadas en delitos de tráfico de drogas.
No obstante, la compañía considera que todavía existe un vacío legal en relación con otros tipos de fraude eléctrico, incluso cuando implican manipulaciones peligrosas, riesgo de incendios, interrupciones del suministro o perjuicios para los consumidores y las empresas que cumplen la normativa.
Entre las medidas para combatir esta situación, Endesa destaca la colaboración con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, la incorporación de nuevas herramientas tecnológicas y el uso de inteligencia artificial para detectar irregularidades en la red.
La compañía también reclama la colaboración ciudadana para identificar posibles conexiones ilegales y prevenir situaciones que puedan poner en peligro la seguridad de los vecinos o afectar a la calidad del suministro.
Entre enero y septiembre de 2026, e-distribución recibió 51.010 avisos ciudadanos sobre posibles fraudes eléctricos en el conjunto de España. Estas comunicaciones permitieron realizar cerca de 29.000 inspecciones.
Para facilitar la detección de irregularidades, la filial de Endesa dispone de varios canales para comunicar posibles casos de fraude eléctrico de forma anónima: La compañía recuerda que la colaboración ciudadana resulta fundamental para detectar conexiones ilegales, evitar sobrecargas en las instalaciones y proteger a los usuarios que dependen de un suministro eléctrico seguro.






