@Noudiari / El Grupo Parlamentario Popular ha denunciado hoy el sobrecoste que podrán suponer las autopistas de Ibiza de entre 100 y 140 millones de euros, tras conocerse la noticia que publica hoy el periódico El Mundo, sobre la modificación del criterio para contabilizar el tráfico de las autovías de Ibiza durante el Govern del Pacte.
El diputado popular, Carlos Veramendi, portavoz en materia de Transportes, ha considerado que “nos encontramos ante una muestra más de la nefasta gestión socialista”. Así, ha explicado que durante la legislatura 2003-2007, concretamente en el año 2005, año en que se construyeron las dos autovías de Ibiza, se estableció un sistema que se denomina de “peaje a la sombra”, de manera que por número de vehículos que pasan, la administración pagaría la cuantía y que “con muy buen criterio se estableció un límite máximo independientemente del número de vehículos que pasaran”.
Veramendi ha detallado que cuando las autovías comenzaron a funcionar en el año 2008, el gobierno socialista tenía que comenzar a pagar las obras una vez finalizadas, y el entonces conseller de Vivienda y Obras Públicas, ahora diputado Jaume Carbonero, «se saltó el límite máximo establecido. Había en los pliegos una cláusula, concretamente la 5/55 que establecía que independientemente del número de vehículos que pasaran, la administración solo pagaría un cierto número”. Según el diputado popular, era una buena medida para ahorrar dinero a la administración. “Sin embargo – ha continuado – no sabemos porque desde el 2008 Carbonero se saltó este procedimiento y estuvo pagando según su criterio interpretativo hasta el 2011”.
Asimismo, el diputado popular ha aseverado que en junio de 2011, a pesar de haber informes en contra de los Servicios Jurídicos de Intervención, el conseller Carbonero “dictó una resolución interpretativa que da su criterio como bueno, de manera que este límite se puede saltar”, estando su gobierno en funciones. Según ha explicado Veramendi, la aplicación de este criterio para la concesión 2007- 2030 supone un sobrecoste de entre 100 y 140 millones de euros.
Tras analizarlo jurídicamente, el Govern ha instado a la lesividad de la norma, según ha apuntado el popular. El siguiente paso, es que los tribunales de lo contencioso tienen que dictaminar “si lo es o no lo es”. No obstante, “mientras los tribunales deciden, los ciudadanos de les Illes Balears estamos pagando de más porque así lo decidió un gobierno socialista en funciones, que aplicó un criterio desde 2008 que llevaba un sobrecoste”
