@D.V./ Las primeras 4.000 denuncias firmadas contra los proyectos de prospecciones petrolíferas en el golfo de Valencia ya han sido registradas en la Comisión Europea. Así, desde el colectivo Eivissa Diu No aseguran que han recibido una carta de la Oficina del Parlamento Europeo de Barcelona, en la cual se les informa que la documentación firmada ya se ha enviado «a los servicios competentes en Bruselas» y que «iban a publicar un acuse de recibo de todas ellas en el Diario Oficial de la Unión Europea (DOUE)»
Recordemos que, posteriormente a la masiva recogida de alegaciones a la declaración de impacto ambiental de los sondeos sísmicos presentados por Cairn Energy al Ministerio de Medio Ambiente, se inició también otra campaña que tiene como destinataria la Comisión Europea y que pretende que el gobierno comunitario suspenda la tramitación de estas autorizaciones.
Los argumentos de la solicitud
Así, en esta instancia se solicitaba a la Comisión que haga uso de la facultad recogida en el artículo 12 del reglamento 1380/2013 y haga un “requerimiento al Gobierno de España para que se suspenda la tramitación del expediente de autorización de la campaña de prospección sísmica 3D en el golfo de Valencia solicitado por Capricorn Spain Limited (filial española de Cairn Energy)”.
En esta solicitud, se informa a la Comisión que “la emisión de una serie de sonidos pulsantes, liberados cada diez segundos día y noche durante cuatro meses, de una intensidoad de 259 decibelios, podrá causar una mortandad masiva de peces, retrasos en la maduración de los huevos, lesiones en las larvas, reacciones inesperadas propias del estrés y huida masiva susceptible de vaciar literalmente los caladeros”. También se advierte que “el sonido podrá invadir la reserva marina de las islas Columbretes, que han sido recientemente designadas como Lugar de Interé Comunitario”.
En el escrito también se advierte que “el ministerio de Industria y Energía de España está tramitando expediente administrativo previo a dictar autorización sin consultar a la UE, a pesar de que con arreglo al artículo 31d de su Tratado de Funcionamiento, la competencia de conservación de los recursos biológicos marinos corresponde a la UE en exclusiva”.
Así, amaprandose en el anteriormente citado artículo 12 del reglamento 1380/2013, que estipula que en caso de amenaza grave para los recursos biológicos marinos, ésta se puede denunciar ante la Comisión y solicitar que actúe de oficio, concluye que “en el presente caso nos encontramos ante una amenaza grave contra los recursos biológicos marinos que se concreta en una aparente rebeldía del Reino de España al usurpar competencias exclusivas de la UE”.
