La Conselleria de Salut i Consum del Govern balear ha iniciado el expediente y ha nombrado un instructor tras una reclamación de responsabilidad patrimonial interpuesta por una pareja a causa de la muerte fetal del hijo que esperaban en julio de 2022. Según su denuncia, este óbito se produjo por “varias negligencias fatales”.
La Direcció de Gestió i Pressuposts, responsable de este tipo de procedimientos, ya ha nombrado a una persona instructora del caso. Por el momento piden a los padres afectados una prueba de un perito, mientras que el abogado de la pareja ya ha solicitado el historial clínico completo de la mujer para adjuntarlo a la investigación. Los padres recibirán una primera respuesta en función de la documentación que presenten.
“Creo que es lo mínimo que pueden hacer después de todo lo que pasó ese día. Sé que no va a ser un proceso corto, esto va para largo, pero no tenemos prisa”, ha explicado hoy a Noudiari la madre del bebé tras conocer la apertura del expediente.
Así, por una parte, la conselleria les da un plazo para presentar varios expedientes y documentación, mientras que el período previsto para la resolución de la reclamación de los padres es de seis meses. Si no hay respuesta pasado este tiempo, los afectados podrían poner un contencioso administrativo.
Los hechos denunciados
El matrimonio formado por Elisabet Sánchez Blanco y Junior Orestes Miraglia Carvalho estaba esperando un hijo, para el que ya habían elegido el nombre de Jesús, cuando, la mañana del día citado, la mujer, en su octavo mes de embarazo, se despertó con fuertes dolores abdominales y vómitos que le hicieron ir directamente al Hospital Can Misses.
La entrada en Urgencias fue a las 9.45 horas de la mañana y fue conducida a uno de los paritorios. Allí fue atendida por una matrona y por un ginecólogo, cuya homologación en su especialización ha sido puesta en duda por los reclamantes.
Éstos le realizaron una ecografía vaginal, “tras la que le dijeron que todo estaba correcto”.
“Tras estas actuaciones, a las 10 de la mañana, se le colocó monitorización fetal, pudiendo oír de forma clara y regular el corazón del bebé. A pesar de ello, los insoportables dolores proseguían”, relatan los denunciantes en su escrito de reclamación.
La mujer recibió entonces “medicación, indicándole que era para la maduración de los pulmones del bebé, así como con antibióticos, achacando que tenía una infección de orina y, asimismo, indicándole el ginecólogo la sospecha de apendicitis”, añaden.
Un cirujano, después de la exploración, “determinó que en absoluto era una cuestión de apendicitis”.
Después le colocaron monitorización fetal “y ya no hubo respuesta. Se achacó a la falta de batería de la máquina, si bien se volvió a realizar una ecografía de forma urgente y ya pudieron ver la colosal negligencia cometida, por lo que se le realizó una cesárea urgente por la bradicardia que estaba padeciendo el bebé”, añade el abogado. Pero era demasiado tarde: el resultado fue muerte fetal.
“Si la ecografía abdominal hubiese sido realizada cuando llegué al hospital se hubieran dado cuenta de que se me estaba desprendiendo la placenta, me hubiesen hecho la cesárea y Jesús estaría con nosotros”, remarca la madre hoy en conversación telefónica con Noudiari.
La causa de la muerte fue, textualmente: “Óbito fetal intraparto por desprendimiento de placenta y preeclamsia”. La hora de este resultado fue “casi a las 15:00”, según la denuncia.
Elisabet Sánchez Blanco y Junior Orestes Miraglia Carvalho aseguran que irán hasta las últimas instancias hasta conseguir justicia en este caso. Por ello dieron los primeros pasos para la reclamación que ahora comienza a tramitarse y no descartan acudir a la vía judicial.
Los hechos que describen han causado “estrés postraumático y un profundo dolor a la familia”, subrayan.
