La Junta Directiva de la Asociación de Clubes Náuticos de Baleares (ACNB), reunida ayer en el Club de Vela del Port d’Andratx, ha advertido de que la situación de “indefensión legal” que viven actualmente estas entidades sin ánimo de lucro pone en peligro la práctica de la vela y el piragüismo en Baleares, y puede derivar a corto plazo en la pérdida de numerosas licencias de este deporte, así como en la desaparición de regatas que hoy están plenamente consolidadas.
Los representantes de los 24 clubes deportivos que componen la ACNB han calificado de “dramático” el escenario que afrontan los náuticos y marítimos ubicados en la zona de competencia de la Autoridad Portuaria de Baleares (APB), a la que han acusado de poner toda clase de impedimentos a la renovación de las concesiones de estas entidades, frente a las “facilidades” que encuentran otros operadores portuarios como varaderos y sociedades mercantiles.
También ha calificado de “lamentable” que el Club de Vela de Andratx haya perdido de facto su concesión en favor de una empresa que ya gestiona cerca de 2.000 amares en las tres principales islas del archipiélago y que, no contenta con ello, pretende quedarse con el monopolio del mantenimiento de grandes yates en el Moll Vell de Palma.
Esta situación de dominio de mercado era conocida por los miembros del Consejo de Administración de Ports IB (ente público autonómico) que el pasado 23 de febrero decidieron entregar las instalaciones del Club de Vela al Grupo IPM, del empresario Juan Antonio Riutort, en aplicación de una sentencia derivada de una negligencia administrativa de hace 21 años que es imposible de ejecutar.
Por otro lado, la ACNB ha recordado que, por mucho que los políticos locales quieran tirar balones fuera, la Autoridad Portuaria de Baleares es un órgano cogestionado por el Estado Central y por la Comunidad Autónoma, que nombra al presidente y a varios consejeros. Esto convierte también al Govern balear en responsable directo del destino que puedan correr el Club Marítimo de Mahón, el Club Náutico de Ibiza, el Club Nàutic Portitxol y el Real Club Náutico de Palma, y de la descomunal pérdida de licencias deportivas que puede acarrear que estas asociaciones deportivas se queden sin sus concesiones, como parece ser la pretensión de la APB.
Los clubes náuticos han reiterado, asimismo, su llamamiento a la clase política para que asuma que sus buenas palabras hacia los clubes náuticos no han servido para nada y articule los procedimientos legales que garanticen su supervivencia.
“Es hora de pasar de las declaraciones de intenciones a los hechos, pues a estas alturas ya ha quedado claro que toda una serie de clubes náuticos se encuentran desprotegidos y al borde del abismo”, ha declarado Antoni Estades, presidente de la ACNB, para quien ya no es posible que los representantes públicos “miren hacia otro lado, como si nada estuviera pasando”.
Deporte
La vela y en muchos casos también el piragüismo dependen por completo de la existencia de los clubes, que facilitan el acceso al mar a través de sus escuelas de vela y equipos de regatas.
Un estudio de la Universidad de las Islas Baleares cifra en 7.800 los alumnos que cada año reciben formación en los náuticos y marítimos de las Islas. El número de licencias deportivas asciende a más de 1.300 y se calcula que cada temporada se celebran 300 regatas auspiciadas por las federaciones territoriales. Los galardones obtenidos por los deportistas con licencia de club superaron los 350 en 2022.
Pensar que esta labor deportiva la realizarán entidades mercantiles, cuyo objeto no es otro que la obtención de los máximos dividendos por la gestión de amarres, es no entender nada; o, lo que es peor: demuestra una absoluta falta de sensibilidad hacia lo que los clubes representan para la náutica y la cultura marítima.
La Junta Directiva de la ACNB celebra que el Govern balear por fin haya decidido solicitar la transferencia de los puertos del Molinar y Es Portitxol, pero lamenta que la tardanza en esta solicitud haya supuesto ya la desaparición de uno de sus miembros (El Club Marítimo Molinar de Levante, fundado en 1917) y no tenga en cuenta la problemática de aquellos que se encuentran dentro de la dársena del puerto de Palma y están sometidos a la gestión de la APB, «manifiestamente perjudicial para los clubes y sus deportistas».
La ACNB se muestra dispuesta a mantener los encuentros que sean necesarios con los diferentes partidos políticos para hacer pedagogía y explicarles qué son los clubs náuticos, qué los diferencia de otros puertos deportivos y por qué es de justicia que reciban un trato legal diferenciado. Resulta evidente que los poderes públicos, bien por dejadez o por otros intereses, no son conscientes de la presión especulativa a la que están sometidas estas entidades ni de las consecuencias sociales que se derivarían de su desaparición.
