Las declaraciones del presidente del Consell de Ibiza, Vicent Marí, y de la interventora del Ejecutivo insular, Marian Tur, por el caso de ‘La vida Islados’ se han aplazado hasta el 12 de junio por la huelga de funcionarios de justicia. El abogado de la interventora, David Salvá, ha explicado que, aunque ha intentado que se tomara declaración este viernes como estaba previsto, «porque el perjuicio psicológico que sufre pudiera ser superior al derecho a la huelga» , finalmente se ha suspendido la comparecencia de la funcionaria.
Salvá ha asegurado que igualmente este mismo viernes pedirá la orden de alejamiento y de comunicación del presidente del Consell de Ibiza hacia la interventora para que «no siga sufriendo el escarnio psicológico» que está padeciendo y cese la «situación de riesgo» que padece «como mujer, como trabajadora e interventora del Consell de Ibiza».
El letrado ha explicado que acusan al presidente del Consell de un delito de «lesiones, coacciones y acoso laboral» hacia la interventora, que sufre «ansiedad y un cuadro de estrés postraumático», con síntomas que «se repiten» y por los que está medicada, circunstancias sobre las que ha aportado un informe médico al juzgado.
«Tenemos que proteger a las mujeres ante personas que supuestamente las están coaccionando y lesionando», ha remarcado el letrado, quien cree que la orden de alejamiento «no se va a acordar», pero la solicita porque lo considera su obligación.
El presidente insular debía prestar declaración en calidad de investigado por la querella presentada por la Fiscalía tras la investigación de la Oficina Anticorrupción de Baleares por la presunta comisión de un delito de prevaricación, tráfico de influencias y coacciones hacia la interventora.
Los hechos se remontan a mayo de 2020, en pleno estado de alarma por la pandemia, cuando la administración insular contrató por vía de emergencia, por tanto sin concurso público, la elaboración de un vídeo de promoción de la isla titulado ‘La vida Islados’, a la empresa Fuera de Escena Ibiza por un importe de 250.000 euros.
La interventora advirtió a Marí de “irregularidades” y exigió la “nulidad del contrato”, según ha denunciado el PSOE, en la oposición, que llevó el caso a la Oficina Anticorrupción y está personado en la causa como acusación popular al igual que el propietario de la Policlínica Nuestra Señora del Rosario, Francisco Vilás.
La interventora, por su parte, se ha personado como acusación particular con el exfiscal Anticorrupción, Pedro Horrach, y su socio, David Salvá, como abogados.
La interventora no está de baja por consejo de sus abogados, que creen que «debe seguir trabajando y cumpliendo la función que debe cumplir para el ciudadano, aunque lo está pasando muy mal», ha afirmado Salvá.
EFE
