Aprobada la Ley de Evaluación Ambiental que prohíbe las party boats en zonas protegidas

@Noudiari/El Parlament balear ha aprobado este jueves en el pleno extraordinario la nueva Ley de Evaluación Ambiental de Baleares, que incluye la prohibición de las party boats en zonas protegidas del archipiélago, otorga competencias al Consell para licencias del recinto de sa Coma, y amplía la prórroga para construir en zonas urbanas que aún carecen de alcantarillado, como principales puntos que afectan a las Pitiüses.

La nueva ley sustituye la actual, que data de 2006, y ha sido aprobada con los votos en contra del PP a la mayoría de artículos y disposiciones, y con los votos en contra de Podemos Baleares y de la diputada de Gent per Formentera, Silvia Tur, a la moratoria para edificar en zonas sin alcantarillado, una enmienda presentada por el PI y aprobada por la mayoría de la cámara.

Según explica el Govern balear,  la nueva ley «da más seguridad jurídica» y es un instrumento fundamental «para la protección del medio ambiente, el bienestar ciudadano y la salud, de manera compatible con el desarrollo económico y social».

Entre otras cuestiones, se adapta a la legislación estatal modificada en 2013, que entre otras cuestiones, obliga a publicar íntegramente en la web los informes que salen a exposición pública.

Proteger sin el visto bueno del 50% de los propietarios

También faculta al Consell de Govern para proteger espacios sin tener que contar con el visto bueno del 50 % de los propietarios y obliga el Estado a consultar el órgano ambiental, la Comisión de Medio ambiente de las Islas Baleares, cuando los proyectos que evalúe afecten la comunidad autónoma, que tendrá que emitir un informe que será preceptivo.

En lo que más afecta a las Pitiüses, cumple con el acuerdo unánime del Parlament sobre la necesidad de regular y controlar la actividad de party boats.

También habilita al Consell de Ibiza, como órgano supramunicipal, a aprobar proyectos del recinto de sa Coma, sin contar con los ayuntamientos de Santa Eulària y Sant Antoni, cuando los proyectos afecten a ambos municipios.

Sobre la ampliación de la moratoria para construir en zonas sin alcantarillado, la ley establece un plan de etapas que da a los ayuntamientos un plazo de cinco años para que todas las zonas urbanas que ahora no tienen red de saneamiento, se doten con servicios de alcantarillado, aunque no impide que se puedan seguir dando licencias de construcción durante este período.