@Noudiari / La Sección Primera de la Audiencia Provincial de Palma empieza el próximo lunes el juicio por el denominado ‘caso Scala’, que sentará en el banquillo de los acusados a un total de 18 personas, acusadas de delitos de corrupción política. Entre ellas se encuentra el exconseller de Comercio, Industria y Energía, el ibicenco Josep Juan Cardona, para quien la Fiscalía y la Comunidad Autónoma solicitan 21 años de cárcel. El juicio, según se prevé, se prolongará hasta el próximo 21 de mayo.
El ‘caso Scala’ es una compleja trama de presunta corrupción centrada en el desvío de unos siete millones de euros desde el Consorcio de Desarrollo Económico de Balears (CDEIB). Una causa en la que la Fiscalía Anticorrupción, en un escrito de acusación de más de 400 páginas, y la Abogacía de la Comunidad Autónoma, piden un total de 115 años y medio de prisión para sus 18 acusados, de los que Cardona y el ex director general de Promoción Industrial, Kurt Viaene, se enfrentan a las peticiones más elevadas de pena de cárcel: 21 y 20 años, respectivamente.
Las acusaciones reclaman, asimismo, 10 años de prisión para el empresario Arnaldus Van Den Hurk; 8 y medio para el administrador de Mercantiles NTC Consultores, Francisco García; 7 para la ex gerente del CDEIB, Antònia Ordinas y su mujer, Isabel Rosselló; 6 para el empresario y sobrino político de Matas, Felipe Ferré, que, junto a Ordinas, ha colaborado con la justicia y ha confesado los hechos, y para el publicista Joan Rosselló; 5 para la ex secretaria de Ordinas, Daniela Francisca Beaumont, el empresario de Calvià Jaime Fernández Abad, el administrador de Camino Export, S. P., y el empresario Pedro Veny.
Por otro lado, piden 4 años para el administrador de Taller Gràfic, Jaime Gil; dos años para el empresario Miguel Mauri; uno y medio para el asesor jurídico que prestó trabajos para el CDEIB, Juan Enrique Riera, y Antonio Munar, y seis meses para los empresarios Manuel Carmelo y Antoni Vicens.
Según los fiscales, Cardona era el ‘cerebro’
Tras las investigaciones, los fiscales anticorrupción Pedro Horrach y Juan Carrau imputan a Cardona la posición de líder de la trama, en la que Viaene y Ordinas planificaron y ejecutaron, presuntamente, las actuaciones para hacerse con los fondos públicos y emplear todas las coberturas formales necesarias para que la apropiación de fondos no fuera detectada.
La Fiscalía apunta al «robo sistemático» efectuado por los inculpados mediante la creación de entidades mercantiles al frente de las cuales usaban «hombres de paja o testaferros». «Una actividad delictiva que requería la creación y mantenimiento de una infraestructura personal o red de colaboradores», indica la acusación.
Sobre Cardona pesan los presuntos delitos de asociación ilícita (por el que piden cuatro años de cárcel), malversación continuada en concurso con prevaricación, falsedad en documento mercantil y oficial, cohecho y fraude a la administración, al tiempo que la Fiscalía solicita el comiso del tercio de los 1,2 millones que habría percibido en concepto de comisiones junto a Viaene y Ordinas, quienes se enfrentan a los mismos tipos penales.
