EFE / El Govern, en una reunión extraordinaria, ha aprobado este miércoles su primer proyecto de ley de educación de las Islas Baleares, veintitrés años después de que el Estado transfiriera en 1998 la competencia de la educación no universitaria a Baleares.

La presidenta autonómica, Francina Armengol, ha declarado este miércoles que es “un día muy emocionante” para el Govern, la comunidad educativa y la sociedad balear.

Se trata, ha afirmado, de “un paso firme y decidido para consolidar y mantener la estabilidad necesaria del sistema educativo de Baleares”.

La futura ley deberá iniciar ahora su preceptivo periodo de tramitación en el Parlament balear, por lo que el conseller de Educación, Martí March, ha solicitado a todos los partidos “altura de miras” para aprobar un texto que logre el mayor consenso posible en la cámara legislativa.

La presidenta y el conseller de Educación y Formación Profesional, Martí March, han presentado este miércoles en el patio del Consolat de Mar, sede del Ejecutivo, el texto de la ley a los miembros de la Comisión Permanente del Consejo Escolar de las Islas Baleares.

El 17 de noviembre de 1997, con el conseller de Educación Manuel Ferrer, Baleares se convirtió en la primera comunidad de la denominada “vía lenta” que asumió la Educación no universitaria, competencia que fue acompañada de una dotación económica de 40.800 millones de pesetas (245,2 millones de euros) y permitió al Govern gestionar el 30 por ciento del IRPF.

La transferencia se hizo efectiva el 1 de enero de 1998, cuando la ministra de Educación era Esperanza Aguirre y Mariano Rajoy, de Administraciones Públicas.

Ahora, tras su próxima aprobación en el Parlament, Baleares dispondrá por primera vez en su historia autonómica de una ley de educación propia que nace con un objetivo principal, ha explicado March.

Se trata de dotar de estabilidad al sistema educativo de Baleares fijando unas bases acordadas sobre elementos esenciales de la educación, de forma que, independientemente de quien gobierne, el sistema educativo se “mantenga estable”, una condición “imprescindible para garantizar el camino hacia el éxito educativo”.

Se trata de una ley “muy participada” en la que “todos han cedido” para hacerla posible, ha señalado el conseller sobre este texto de 167 artículos.

Entre los aspectos destacados de la ley, ha continuado, figuran la autonomía pedagógica y de gestión de los centros y de su organización, lo que permite una descentralización de la actividad educativa y de la evaluación del logro de los objetivos que se planteen.

En línea con las normativas “más avanzadas”, la ley balear establece que la gestión de los currículos tiene que tener un enfoque competencial y multidisciplinario, en el cual el alumnado tiene que tener un papel protagonista.

La apuesta por la máxima participación de toda la comunidad educativa se refleja en “la amplitud y variedad” de los órganos de participación que se recogen en la ley.

La ley llegará al Parlament acompañada de una memoria económica para garantizar el cumplimiento de lo que se prevé en su articulado, que recoge el compromiso de llegar al menos al 5% del producto interior bruto de inversión en educación en el plazo de ocho años.

La ley establece que el modelo lingüístico escolar de Baleares tiene que garantizar que al acabar el periodo de enseñanza obligatoria el alumno adquiera las competencias en catalán y castellano y, al menos, en una lengua extranjera. “No es una ley de lenguas”, ha dejado claro el conseller ante posibles críticas de partidos políticos.

La ley dedica un capítulo completo a la educación inclusiva como principio fundamental de la política educativa de Baleares y regula los diferentes escenarios para hacerlo posible y garantizar una respuesta adecuada a la diversidad educativa y social existente.

El proyecto de ley de Educación parte del documento elaborado por la plataforma Islas por un Pacto, que agrupa más de cuarenta entidades sociales del ámbito educativo y que el Govern asumió como propio en marzo de 2016.

Posteriormente se ha tenido en cuenta el informe de la Comisión de Educación del Parlament, además de otras leyes educativas de comunidades autónomas como Cataluña, Canarias, Andalucía y País Vasco y, especialmente, el proyecto de Ley Orgánica de modificación de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de educación (LOMLOE) aprobado por el Congreso de los Diputados