EFE / Las comunidades de Canarias y Baleares y las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla propondrán al Gobierno que establezca precios máximos de referencia a los billetes aéreos en las conexiones de sus territorios con la península y quedar exceptuados de la futura fiscalidad al queroseno.
En nombre de los cuatro territorios, el presidente de Canarias, Ángel Víctor Torres (PSOE), ha leído una declaración conjunta en la que reclaman medidas para garantizar que sus conciudadanos se puedan desplazar en condiciones de «equidad» y para que el descuento del 75 % para residentes que subvenciona el Estado -con un desembolso de casi 600 millones de euros al año- siga resultando eficiente.
Para ello, piden que «se fiscalicen» los mecanismos por los que las aerolíneas fijan los precios de los billetes y se gestione en Bruselas que parte de las rutas entre sus territorios y la península operen bajo el marco de «obligación de servicio público», lo que permitiría limitar sus precios y regular las frecuencias.
En estos momentos, hay cuatro estudios en marcha para conocer de qué manera ha impactado el alza de la subvención para residentes del 50 al 75 % sobre los precios de los billetes, impulsados por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, el Tribunal de Cuentas, la Agencia Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) y la Universidad Pompeu Fabra, entre las quejas de los usuarios de que las aerolíneas la han desviado en su propio beneficio.
Torres y Armengol han alegado que ya existen suficientes datos que certifican que se ha producido un alza de precios (del 25 % de media, con picos del 48 %), por lo cree preciso establecer mecanismos de fiscalización de esa ayuda que garanticen que «no se produzca un encarecimiento injustificado de los billetes».
También solicitan que se incluya en la ley de Presupuestos del Estado la exigencia de que las aerolíneas no pregunten al cliente si es residente hasta el último paso de la compra del billete, para mayor transparencia (ahora la residencia se declara al inicio).
Estos cuatro territorios, pero en particular Baleares y Canarias, dos de las grandes potencias turísticas de España, demandan además medidas para que los vuelos con el Reino Unido no soporten una subida de tasas aeroportuarias como consecuencia del brexit.
Demandan, igualmente, participar en los órganos de decisión de AENA y una gestión compartida de las instalaciones aeroportuarias para adecuarla a la su «realidad social, económica y territorial».
Asimismo, proponen bajar las tasas aeroportuarias para mejorar la conectividad aérea y solicitan al Gobierno un seguimiento del proceso de adquisición de Air Europa por el grupo IAG (dueño también de Iberia y Vueling), porque «la concentración empresarial resultante puede suponer una reestructuración de las rutas que operan las diferentes compañías en estos territorios».
En cuanto al transporte marítimo, reclaman, entre otras cosas, que la subvención de residente se extienda al coche del pasajero si lo embarca, como parte de su equipaje de viaje a la península.
En cuanto a futura fiscalidad asociada a la crisis climática, Canarias, Baleares, Ceuta y Melilla comparten sus objetivos, pero creen «imprescindible que se articulen mecanismos que permitan paliar la excepcionalidad del hecho extrapeninsular en materia de transporte, como el establecimiento de ayudas estatales y europeas al sector marítimo que favorezcan la reducción de emisiones contaminantes y la reducción de tasas portuarias».
Además, exigen «a las autoridades competentes que cualquier medida fiscal o económica que pudiera afectar a la conectividad aérea de los territorios extrapeninsulares sea excepcionada en estos territorios», ha remarcado Torres en referencia al debate sobre si gravar el queroseno con una nueva tasa ambiental.
La presidenta de Baleares, Francina Armengol (PSOE), ha destacado la importancia de establecer la obligación de servicio público y tarifas máximas de referencia para los trayectos entre las islas y Ceuta y Melilla con la península.
Armengol ha recordado que esta consideración de servicio público ha impedido el incremento de los precios en los trayectos donde ya se aplica (en las rutas entre islas), cuyas tarifas han subido un máximo del 1 %, frente al 24-25 % de las conexiones con la península.
El presidente de la Ciudad Autónoma de Melilla, Eduardo de Castro (Ciudadanos), ha insistido en la importancia de garantizar «la equidad» en el transporte para todos los ciudadanos: «Todos somos españoles y todos tenemos los mismos derechos».
En el mismo sentido se ha expresado el director general de Fomento de Ceuta, Bharat Bhagwandas, quien considera «un hito fundamental» la bonificación del 75 % en los vuelos, algo que debe mantenerse.
