Baleares es la segunda comunidad con mayor tasa de feminicidios desde 2003 (89,8 por millón de mujeres), con Canarias a la cabeza (93,9) y Extremadura a la cola (34,6), según el último informe del Observatorio de la Violencia de Género del Consejo General del Poder Judicial.
Este documento recoge y analiza los datos de 2025 procedentes de los juzgados que han tramitado los casos, así como los de la serie histórica desde que hay registros, en 2003, lo que permite a este organismo trazar una radiografía más precisa de la evolución de este fenómeno que segó la vida de 49 mujeres el pasado año.
El informe detalla muchos vértices del problema, entre ellos los territoriales, demográficos y el tamaño de los municipios donde se registran los casos. Estos datos cobran importancia cuando el Ministerio de Igualdad ha puesto sobre la mesa que las distancias de alejamiento que dictan los juzgados entre víctima y agresor que son inferiores a 350 metros no son eficaces, algo difícil de gestionar en municipios pequeños de entornos rurales.
La vocal del CGPJ y presidenta del Observatorio, Esther Rojo, en conversación con EFE tras la publicación del informe, explica la complejidad de esta circunstancia, y por ello aboga por estudiar caso por caso ante la importancia de «buscar un equilibrio» a la hora de determinar la distancia de alejamiento entre el agresor y la víctima.
Datos desglosados
La tasa nacional acumulada de muertes por cada millón de mujeres de 15 años o más se situá en 67,1, superada por seis comunidades autónomas y las dos ciudades autónomas: Cataluña (68,5); Castilla-La Mancha (69,5); Comunidad Valenciana (78,8); Andalucía (80,7); Baleares (89,8); Canarias (93,9); Ceuta (96) y Melilla (168).
Por debajo de la media se sitúan La Rioja (66,9); Murcia (64,1); Asturias (63,5); Aragón (61,4); Galicia (60,9); Navarra (59,4); Castilla y León (58,4); Madrid (49,8); Cantabria (46,5); País Vasco (44,6); País Vasco (44,6) y Extremadura (34,6).
Sin embargo, en 2025 la mayor tasa de muertes por millón se registró en Extremadura (8,61), y la menor en Castilla y León (0,92).
Por provincias, Almería es la que tiene una mayor tasa de muertes en la serie histórica, y Zamora la que menos. El mayor número de feminicidios registrados en una comunidad autónoma en un solo año fue en 2006 en Andalucía, con 21 casos.
La mayor tasa de víctimas mortales por la violencia machista se focaliza en los municipios de 10.000 a 25.000 habitantes, según el informe de 2025, que revela que 20 localidades de más de 50.000 habitantes no han registrado ningún asesinato machista en toda la serie histórica: Arrecife, Boadilla del Monte, Cádiz, Cerdanyola del Vallès, Colmenar Viejo, Coslada, San Sebastián, Getxo, Huesca, Lorca, Mérida, Mijas, Ponferrada, Sant Boi de Llobregat, Sant Cugat del Vallès, Santa Lucía Tirajana, Segovia, Siero, Toledo y Tres Cantos.
Tras enviar una carta al Consejo General del Poder Judicial y a la Fiscalía, en la que advertía de que las órdenes de alejamiento inferiores a 350 metros dificultan una respuesta eficaz de la policía, la ministra de Igualdad, Ana Redondo, defendió en un coloquio que, en los casos de municipios pequeños donde no es posible ampliarla a 500 metros o más, el agresor cambie de domicilio.
El abordaje de esta problemática es complejo, como lo es siempre en la violencia machista, recuerda la vocal del CGPJ y presidenta del Observatorio, Esther Rojo.
Es necesario «buscar una zona de exclusión que garantice la seguridad de la mujer y que permita que las fuerzas y cuerpos de seguridad puedan acudir en auxilio, sin que sea demasiado tarde», precisa a EFE Rojo, con larga experiencia en la práctica jurídica.
Pero teniendo en cuenta variables como la ubicación de los domicilios, y también, por ejemplo, si hay niños menores, dónde se encuentran sus colegios.
«En la práctica, en las poblaciones pequeñas y zonas rurales, tenemos un problema. Fijar una distancia de 500 metros resulta imposible, o bien porque el domicilio del investigado o del penado se encuentra dentro de la zona de exclusión de la víctima o bien porque favorece y facilita los encuentros que pueden ser fortuitos en el propio núcleo urbano».
Eso puede provocar -añade- que se activen alarmas de las pulseras de control telemático, con la consiguiente ansiedad de la mujer, y que se confundan con verdaderos quebrantamientos. Por ello, aboga por evaluar caso por caso.
Rojo muestra su preocupación por las mujeres de las zonas rurales ante el maltrato, y destaca el trabajo del observatorio a través de un grupo específico con el horizonte puesto en que tengan información y herramientas como las disponibles en municipios más grandes.
En este sentido, avanza que trabajan en la creación de una guía para mujeres de entornos rurales y destaca la importancia que tiene involucrar a los centros de Atención Primaria, donde pueden saltar las primeras alarmas del maltrato.
EFE
