Balearia solicita en los juzgados la suspensión de la limitación de entrada de vehículos a Ibiza

El Consell de Ibiza ha manifestado hoy en un comunicado que se mantendrá firme en la decisión tomada sobre la regulación de entrada de vehículos a la isla que se pondrá en marcha el próximo mes de junio, lo que permitirá establecer, por primera vez, una cuota máxima sobre los vehículos que circularán sobre las carreteras insulares durante los meses de junio, julio, agosto y septiembre de este mismo año. Lo ha hecho después de saber que la compañía marítima Baleària ha interpuesto un recurso contencioso-administrativo mediante el que solicita la suspensión cautelar del acuerdo aprobado en pleno el pasado 28 de marzo de 2025 y que limita la entrada de coches en Ibiza, ha informado el Ejecutivo insular. La naviera, por su parte, alega precipitación en la aplicación de la normativa, incumplimiento de plazos legales (la ordenanza fiscal aún no está aprobada ni habilitada la web para tramitar el cupo), y un diagnóstico erróneo sobre la causa de la saturación de vehículos en la isla, según explican desde la compañía.

Baleària sostiene que los vehículos llegados por mar tienen un impacto mínimo (solo un 1,5% del parque móvil en verano) y critica la medida por limitar derechos fundamentales en lugar de aplicar soluciones tecnológicas más específicas. Baleària propone usar este año para recopilar datos y estudiar la situación. Aunque no comparte la medida, está colaborando con el Consell para no perjudicar a los usuarios, y subraya que la acción legal ha sido consensuada con el resto de navieras afectadas.

En este sentido, el equipo de gobierno indica que «la voluntad del pueblo ibicenco y balear fue plasmada el pasado mes de noviembre de 2024 en el Parlament balear, «con la aprobación de la Ley y, posteriormente, con la aprobación inicial del reglamento en sesión plenaria del Consell de Ibiza en marzo de 2025».

Por todo esto, afirma «que el interés general de la ciudadanía de la isla de Ibiza tiene que estar por encima de los intereses privados de una empresa, y por tanto, confía en que la petición de suspensión no prospere, y se pueda continuar con la planificación prevista» en este sentido.