EFE / El Parlament balear ha aprobado hoy con el apoyo mayoritario de los partidos de la cámara la primera Ley de Apoyo a las Familias, que obliga a las administraciones públicas a garantizar el amparo de las familias más vulnerables y eleva a rango de ley las ayudas y servicios públicos.
La consellera de Servicios Sociales y Cooperación, Fina Santiago, ha declarado que la nueva ley supone un «paso adelante» en la protección de las familias más vulnerables del archipiélago.
Por primera vez se define por ley qué situaciones familiares son de especial protección y se obliga a las administraciones a garantizar su amparo.
La norma establece como situaciones familiares de especial protección social y, por tanto, prioritarias a la hora de recibir servicios y prestaciones públicas,las familias numerosas las monoparentales, las familias en riesgo social y víctimas de violencia machista, las que tienen a su cargo personas en situación de dependencia o discapacidad y las familias en situación de vulnerabilidad económica.
La ley prevé la equiparación por medio de un decreto de las familias monoparentales con más de un hijo o hija a las familias numerosas en el régimen de ayudas y exenciones de ámbito autonómico.
También recoge la creación, por primera vez, de una ayuda económica para los menores víctimas de violencia machista que hayan quedado huérfanos de madre o bien cuya madre tenga una discapacidad a consecuencia de este tipo de violencia.
La ley entiende las familias como un concepto plural y extenso que recoge diversas realidades.
La norma recoge que las políticas familiares deben mejorar el bienestar y la cualidad de vida de las familias, la protección de sus miembros, favorecer la conciliación de la vida familiar con el resto de ámbitos y potenciar la solidaridad social con las familias.
Promoción de la natalidad
También contempla la promoción de la natalidad apoyando a las mujeres gestantes y a las familias con hijos menores, así como luchar contra la desigualdades sociales entre las familias y contra las situaciones de exclusión social que tengan su origen en el contexto de la precariedad.
Sobre la protección a la maternidad la ley da prioridad a las mujeres embarazadas que se encuentren en situación de vulnerabilidad por motivos de edad, cultura, salud, situación socioeconómica o cualquier otra circunstancia social o personal.
