La Policía Local de Santa Eulària ha interpuesto una denuncia contra la propiedad de una villa construida en una finca ubicada en el entorno de Cala Olivera por la celebración, hoy, de una fiesta ilegal que, según las investigaciones, incumplía varias normativas vigentes. La sanción por estos hechos podrá llegar a los 300.000 euros.
A primera hora de la mañana, los policías han llevado a cabo tareas de seguimiento a diferentes vehículos particulares y de transporte privado de viajeros después de recibir el aviso de lo que podía ser un punto de encuentro en Jesús para los clientes de una fiesta ilegal.
Una vez identificado el lugar de destino, se han desplazado hasta Cala Olivera nueve agentes para conseguir demostrar la actividad ilegal, que se estaba celebrando en una casa que, además, carece de licencia turística. Se ha llevado a cabo un vuelo con dron para obtener imágenes y datos adicionales sobre la celebración, que presuntamente se estaba desarrollando en el sótano de la vivienda, construido para evitar que la música trascienda al exterior y evitar levantar sospechas entre el vecindario.
Los agentes han podido constatar la presencia de personal de seguridad y la presencia de personas saliendo de esta propiedad privada. Los asistentes, quienes han indicado que había unas 100 personas en el inmueble, han confirmado a los policías que les entregaban una pulsera identificativa tras el pago de 130 euros, que daba derecho al acceso a la fiesta y a dos consumiciones.
El ayuntamiento iniciará ahora actuaciones disciplinarias por la realización de una actividad de ocio con ánimo de lucro sin poseer título habilitante/autorización para ello. De esta manera, podrían enfrentarse a una sanción que va desde los 30.000 hasta los 300.000 euros en función de la gravedad y las infracciones detectadas.
El ayuntamiento iniciará ahora actuaciones disciplinarias por la realización de una actividad de ocio con ánimo de lucro sin poseer título habilitante/autorización para ello. De esta manera, podrían enfrentarse a una sanción que va desde los 30.000 hasta los 300.000 euros en función de la gravedad y las infracciones detectadas. Asimismo, se ha dado traslado al Consell del expediente ante la existencia de una presunta comisión de una infracción en materia turística.
