Can Rova sufría peligros “inminentes” y familias atemorizadas por amenazas del arrendador

La inspección del Ayuntamiento de Santa Eulària en el asentamiento ilegal de Can Rova halló numerosos peligros “inminentes” para las personas y el medio ambiente, y algunas familias denunciaron que “tenían miedo del arrendador”, de quien habían recibido amenazas.

El equipo de gobierno ha celebrado este lunes la comisión informativa del Área II para informar a los grupos de la oposición del expediente completo del camping ilegal, desalojado por orden judicial el 31 de julio, ha informado el Consistorio en un comunicado.

Según han explicado, en la inspección realizada el 10 de mayo por los diferentes servicios municipales, acompañados del Grupo Roca de la Guardia Civil y del inspector de vivienda del Govern, se pudo certificar que el propietario cobraba por las parcelas y que existían riesgos “graves e inminentes” para las personas.

La instalación eléctrica “era un riesgo inaceptable” a partir de “conexiones eléctricas deficientes, el uso excesivo de extensiones y conexiones múltiples” y sin dispositivos “básicos” para prevenir accidentes e incendios, además de conexiones con un alto riesgo de electrocución, cuadros eléctricos instalados a la intemperie o en los árboles y la inexistencia de toma de tierra, entre otros.

La inspección también registró aguas residuales canalizadas con tuberías rudimentarias “dirigidas hacia algún lugar indeterminado”, un gran volumen de vehículos abandonados con la carrocería oxidada, cristales rotos, chatarra, material de construcción, basura doméstica, restos de poda, maderas y palés atravesados por cableado eléctrico, escombros, mobiliario, botellas de dióxido de carbono junto a cuadros de luces, bombonas de gas sin etiquetar, bidones de aceite industrial, barbacoas domésticas y restos de hogueras en el suelo.

En cuanto a la atención de los Servicios Sociales, han detallado que los primeros desplazamientos al solar fueron el 6 de mayo, cuando se tuvo el primer requerimiento de ayuda por parte de una unidad familiar.

Tras esta intervención, se tuvo contacto con siete núcleos familiares vulnerables en los que vivían 14 menores de edad, aunque con dos de ellos ya se había mantenido contacto con anterioridad.

Las familias explicaron a los Servicios Sociales que pagaban entre 500 y 700 euros, con luz aparte y, que algunas de ellas tenían miedo del arrendador ya que habían recibido amenazas. También pudieron identificar a una persona que hacía de supervisor del camping ilegal.

El personal municipal determinó que había vehículos y construcciones precarias, muchas de ellas sin el equipamiento básico y los servicios mínimos necesarios como agua corriente, calefacción, electricidad, equipo para cocinar y elementos de higiene personal.

El informe técnico determinó que el entorno suponía un “riesgo grave para la integridad física de las personas”, que vivían en unas condiciones “inadecuadas de habitabilidad” con carencias graves de “higiene y salubridad” y riesgo de aparición de plagas “no controladas de insectos, parásitos u otro tipo de animales capaces de transmitir enfermedades y/o causar lesiones a las personas, en especial para los menores”.

En cuanto a la cronología, el Ayuntamiento tuvo conocimiento por primera vez de las actuaciones irregulares en esta parcela el 9 de mayo de 2022 pero la Policía Local no pudo acceder a la finca al estar cerrada, aunque pudo comprobar la existencia de caravanas y camiones. En ese momento, una empresa de servicios de grúas comunicó que tenía arrendado el terreno como depósito de vehículos.

Una nueva patrulla realizó otra visita con un técnico de Servicios Territoriales, el 6 de julio de 2022, y aunque pudieron hablar con el propietario, éste impidió el acceso a la finca a los agentes por lo que “no se pudo demostrar” que hubiera actividad irregular, pero sí la existencia de vehículos y construcciones que parecían ser recursos habitacionales.

Días después, el 18 de julio de 2022 se realizó un vuelo de dron y después se elaboró un informe para dejar constancia de todo lo registrado, las visitas de la Policía Local y de las posteriores denuncias contra la propiedad, así como de la apertura de un expediente que se comunicó a todas las partes, con una orden de ejecución para devolver el terreno a la normalidad.

Los propietarios del 83 % de la finca -los hermanos del explotador del asentamiento ilegal- iniciaron entonces un procedimiento civil de desahucio ante el Juzgado de Primera instancia nº5 de Ibiza, y al que acudió como testigo el ingeniero industrial municipal.

El 7 de diciembre de 2023, el tribunal falló en contra de los denunciantes, que presentaron un recurso de apelación ante la Audiencia de Palma. El pasado 5 de marzo, el tribunal determinó el desalojo de toda la parcela.

El Ayuntamiento de Santa Eulària se coordinó con los copropietarios y el Juzgado de primera instancia nº5 de Ibiza para determinar la «mejor manera posible» para llevar a cabo el mandato judicial.

Desde la primera inspección hasta la última, la parcela no sólo había intensificado su actividad sino también aumentado la cantidad de personas acampando de forma irregular, ha detallado el consistorio de Santa Eulària.

EFE