El juez decano de Ibiza, Sergio González Malabia, ha lanzado una seria advertencia sobre la situación de la Justicia ante la inminente entrada en funcionamiento del Tribunal de Instancia, prevista para el 1 de enero en los partidos judiciales de mayor tamaño. “Estamos en una situación de muchísima incertidumbre. Va a ser un caos sobre el caos que ya existe. Todo apunta hacia esta dirección”, resume.
La reforma, introducida por la Ley Orgánica 1/2025, es un cambio de 180 grados en el sistema judicial español tal y como lo conocemos: elimina la organización de los juzgados vigente desde finales del siglo XIX y, en su lugar, se crea un único Tribunal de Instancia por partido judicial, organizado en secciones por materias. Un cambio que, según denuncia González Malabia, no puede ejecutarse en apenas once meses.
“Se pretende cambiar una estructura judicial que data de 1870 en menos de un año. Es una reestructuración absoluta: afecta a jueces, funcionarios, edificios, cartelería, reparto de asuntos… Es un desastre tremendo”, afirma el decano ibicenco.
Aunque Ibiza no es uno de los partidos judiciales más grandes del país, el juez decano subraya que el impacto será aún mayor en ciudades como Madrid, Barcelona, Valencia, Sevilla o Palma, donde la carga de trabajo es muy superior. “Si aquí ya genera inquietud, en esos partidos puede ser una auténtica catástrofe”, advierte.
Las críticas desde Ibiza coinciden con las expresadas a nivel nacional por asociaciones judiciales y letrados de la Administración de Justicia: riesgo de extravío de expedientes, retrasos en la tramitación y ausencia de protocolos claros, especialmente en aquellos territorios donde aún existen miles de procedimientos en papel.
González Malabia incide en que el problema no es solo organizativo, sino estructural: “La finalidad de la reforma es ganar eficiencia, pero yo dudo mucho que eso se consiga si no pasa por más personal, más jueces y más medios. Al final son las mismas personas, con la misma carga de trabajo, pero con otra configuración organizativa. Eso no va a reducir nada”.
A esta incertidumbre se suma, en el caso de Ibiza, la falta de infraestructuras adecuadas. La finalización del nuevo edificio judicial, que está solo parcialmente terminado y que es donde tienen que estar todos los juzgados de Ibiza, continúa bloqueado tras quedar desierta la primera licitación y verse afectado por un recurso administrativo a la nueva licitación, lo que obliga, por el momento, a mantener dos sedes y a pagar el alquiler del CETIS mientras no se unifican los servicios. “No sabemos cuándo se va a terminar ese edificio”, lamenta el decano.
El problema de personal es otro de los puntos críticos. La elevada interinidad y movilidad del personal que viene de fuer de la isla y se va en cuanto puede, agravada por la carestía de la vida y la falta de vivienda en la isla, dificulta la estabilidad de las plantillas. Aunque se ha anunciado un acuerdo sobre el plus de insularidad, González Malabia recuerda que “hasta que no se vea reflejado en las nóminas, no sabemos si realmente servirá para fijar personal”.
Desde el Ministerio de Justicia se ha abierto la puerta a prórrogas puntuales en comunidades con competencias transferidas, pero Balears no es una de ellas, ya que depende directamente del Estado y, por ahora, no cuenta con esa opción. “Todo va con un retraso endémico por falta de inversión histórica, y no parece el mejor momento para implantar una reforma de este calibre”, señala González Malabia.
El juez decano concluye con un mensaje claro sobre quién acabará pagando las consecuencias: “Esto lo sufre el ciudadano y lo sufrimos nosotros. Y conviene que se tenga en cuenta quién hace las normas y cómo se hacen”.
