El Ayuntamiento de Sant Josep ha iniciado expediente sancionador contra el propietario de una finca de la carretera de Cala Tarida donde se acumulan toneladas de residuos contaminantes y peligrosos, además de un centenar de vehículos y embarcaciones en estado de abandono.
Además, recibirá una notificación con un mes de plazo para retirar todos estos restos y se le ordena la restitución de la finca a su estado original.
«Hemos tenido mucha paciencia en este caso, pero la situación está llegando a un punto insostenible que no podemos tolerar por más tiempo», ha dicho al respecto la concejala de Medio Ambiente, Mónica Fernández.
La finca cuenta con numerosas denuncias por el riesgo ambiental y de seguridad que representa el importante volumen de residuos peligrosos y contaminantes, además de más de un centenar de vehículos abandonados.
Fruto de estas denuncias, el Ayuntamiento ha requerido reiteradamente al propietario que asuma la obligación de mantener en buen estado la finca.
De hecho, los primeros avisos de la situación llegaron en el año 2016 al Consistorio.
Varias inspecciones han confirmado la acumulación de residuos peligrosos, como materiales químicos contaminantes y combustibles, junto con piezas de reparación de vehículos y embarcaciones a cielo abierto y sobre suelo permeable.
También se acumulan los restos de materiales de construcción y sin ninguna medida de prevención de riesgo ni ningún cuidado de la vegetación.
Turismos, camiones y maquinaria de gran tonelaje, además de embarcaciones en un número creciente se acumulan en la finca. Según el último recuento hay 41 vehículos y 59 embarcaciones de gran eslora, número que se ha duplicado en el último año.
Todos los intentos de resoler la situación de manera negociada han fracasado. Por ello, el Ayuntamiento ha optado por abrir expediente «que puede suponer importantes sanciones económicas al responsable», además de «la orden de retirada inmediata».
Cuando haya transcurrido un mes y si no hay avances, el Ayuntamiento podrá actuar de manera subsidiaria reclamando los costes de la operación de retirada, que se estima que será también elevado, además de los intereses y gastos de gestión de los residuos.
El caso también está en manos de la consellería balear de Medio Ambiente y también se plantea el traslado del caso la Fiscalía de Medio Ambiente por si puede constituir delito.
