El juicio contra Laura, una de las inquilinas del edificio de la Calle Lugo en Cala de Bou, propiedad del fondo buitre Promontoria Coliseum, comienza hoy en los juzgados de Ibiza, según informa el Sindicato de Inquilinas de Ibiza y Formentera.
Laura, junto con otras 10 familias, “se negaron a aceptar la finalización de sus contratos de alquiler, puesto que habían pactado con el Banco Sabadell una renovación que finalmente se hizo en forma de prórroga”, denuncian. El Banco Sabadell, antiguo propietario del bloque, “lo vendió para evitar ensuciar su imagen con los desahucios”, aseguran los portavoces de las personas afectadas.
El sindicato subraya que las vecinas reciben desde hace meses “un acoso constante de llamadas, desde distintas empresas, para intentar que se marchen”.
“Nos han llegado a ofrecer hasta 9.000 euros para que nos marchemos de aquí. Está bien, con eso podemos pagar la fianza y algún mes de alquiler pero ¿luego qué? Yo estoy pagando 700 € y debo salir de la isla en invierno para poder trabajar y seguir pagando mi alquiler ¿Qué haré cuando me vea en la obligación de pagar 1.500€ por un piso de las mismas condiciones?”, comenta Laura.
Tanto Unidas Podemos como el Sindicato de Inquilinas de Ibiza llevan tiempo mediando en este caso. “No es casualidad que Laura sea una de las encargadas de organizar a las compañeras del bloque de viviendas”, relatan.
“Desde Unidas Podemos, Guadalupe Nauda lleva años intentando negociar con la empresa. El contacto con el fondo buitre se hace a través de terceros, siempre por correo electrónico y, cada vez que se ha logrado iniciar una negociación, la persona encargada deja de responder a los correos, hasta que se logra entablar contacto con otra y se vuelven a iniciar los trámites”, relatan sobre los problemas que están teniendo tratando de ayudar a las afectadas.
El Sindicato de Inquilinas denuncia que las viviendas que se han ido quedando vacías “no se están poniendo en alquiler ni a la venta sino que se están tapiando para evitar la entrada de okupas”.
Es más, aseguran que actualmente el edifico se encuentra en estado de semiabandono y que hay varias viviendas que incumplen la Ley de vivienda Balear al llevar más de dos años abandonadas.
Según Daniel Granda, portavoz del Sindicato: “si no se llega a un acuerdo con las actuales inquilinas, procederemos a solicitar al Govern Balear la expropiación del edificio. No podemos permitir que se siga haciendo este uso antisocial de la propiedad en la isla.”
