El presidente del Consell de Formentera, Llorenç Córdoba, «no podría haber adjudicado los lotes de quioscos hasta el pasado lunes al no contar con una propuesta de la mesa de contratación», señala en un comunicado emitido esta tarde. «Así lo confirmaron en la pasada Junta de Gobierno el Secretario y el Interventor de la institución, pese a lo que han querido hacer entender los tres grupos políticos del Consell», dice Córdoba.
De hecho, si el presidente hubiera decidido adjudicar previamente los lotes mejor valorados «lo habría hecho sin ninguna propuesta firme de la Mesa de Contratación, lo que hubiera sido un problema, porque, posteriormente, se ha demostrado que al menos uno de ellos no cumplía con los requisitos y hay como mínimo tres más que presuntamente tampoco cumplen con lo requerido por los pliegos de condiciones», prosigue la nota.
Córdoba ha recordado que ahora mismo hay un informe interno de los servicios jurídicos del Consell y uno externo «que desaconsejan adjudicar a la propuesta presentada por la mesa». «Hay que dejar claro que la mesa emite una valoración técnica, no jurídica. No hay conflicto de interpretaciones. No hay ningún informe jurídico interno ni externo que apoye la decisión de adjudicar a los mejor puntuados», asegura el presidente.
El proceso habitual es que la mesa emita una propuesta técnica a la junta de gobierno «y ésta decida si respalda o se separa de esta propuesta», detalla. En caso de no respaldarla, la junta debe tener «una motivación que sea por interés general, condiciones que se dan en este caso al haber informes jurídicos que recomiendan no adjudicar. El más importante recomienda que el concurso quede desierto y que se convoque otro de urgencia», afirma.
El interés general viene dado porque, de esta manera, se pueda continuar el proceso sin tener que pagar indemnización alguna, sostiene Córdoba en función de los estudios que maneja. En el caso de que no se consiguiera aprobar la propuesta del presidente y conseller de Litoral por el voto contrario de los consellers de Sa Unió, «la situación quedaría bloqueada, teniendo que prolongar las autorizaciones temporales a los quioscos que han venido dando el servicio estos últimos años a la espera de un nuevo concurso».
Respecto a las acusaciones de prevaricación vertidas sobre Llorenç Córdoba por parte de Sa Unió, «y teniendo en cuenta que prevaricar es un delito que consiste en que una autoridad, juez u otro servidor público dicta una resolución arbitraria en un asunto administrativo o judicial a sabiendas de que dicha resolución es injusta y contraria a la ley, se me plantea la duda de que sea Sa Unió la que podría incurrir presuntamente en prevaricación, teniendo en cuenta que su postura no está respaldada por ningún informe ni criterio jurídico”, concluye.
