Cinco taxistas piratas denunciados y dos de ellos detenidos, uno por tenencia de drogas y otro por violencia de género y por usar como taxi pirata un coche robado, es el balance de los operativos contra el transporte ilegal con detectives privados infiltrados que han llevado a cabo estos días inspectores de Transporte del Consell de Ibiza y agentes de la Guardia Civil.
Los operativos con detectives es una iniciativa puesta en marcha por primera vez este verano y que, según el director insular de Transportes, Roberto Algaba, ha obtenido «buenos resultados», por lo que el departamento valora «la posibilidad de licitar el servicio de cara a la próxima temporada», ha informado la institución insular en un comunicado de prensa.
Precisamente, a estos cinco taxistas ilegales se suman los nueve que ya fueron denunciados por transporte ilegal en el anterior operativo que también incorporó a detectives privados infiltrados, han indicado las citadas fuentes.
Desde el Consell de Ibiza han resaltado el «carácter disuasorio» de la medida, ya que a los pocos días de tener a los detectives infiltrados en los grupos de captación de clientes de los taxistas pirata y de advertirlo éstos, se «generó tal desconfianza» que se produjo «una importante bajada en los servicios de transporte ilegal».
Según Algaba, la medida ha sido «muy efectiva por el efecto sorpresa», ya que los detectives que usan el taxi ilegal están en contacto con la Guardia Civil y los inspectores del Consell, que los esperan en un lugar determinado de la ruta, interceptan al taxista pirata y le hacen una inspección.
En este sentido, ha señalado que este fin de semana que se celebran tantos cierres de discotecas, «los taxistas pirata deben saber que los detectives privados se están infiltrando y que en cualquier momento» les pueden «parar, inspeccionar y sancionar».
Desde el departamento de Transportes recuerdan que se ha propuesto al Govern que incorpore novedades para presionar a quienes ejercen la actividad de taxi ilegal en la Ley de Simplificación Administrativa que se está tramitando.
Esto supondría que la multa por ejercer esta actividad suba de 6.000 a 15.000 euros; que haya que pagar el 100% de la multa para recuperar el vehículo y que si no se paga en el plazo establecido, se convierta en chatarra; que se multe la acción de captar clientes en grupos de Whatsapp y que los ayuntamientos también puedan sancionar la actividad ilegal de taxi pirata.
