Una denuncia de la Fiscalía ha puesto bajo investigación a un abogado de Ibiza por presuntos delitos de estafa y falsificación documental. El caso salió a la luz cuando un ciudadano acudió a los Juzgados de la isla para consultar el estado de un procedimiento de desahucio y una reclamación económica. Según ha informado elDiario.es, la documentación que llevaba consigo presentaba irregularidades que alertaron a las autoridades judiciales.
El procedimiento penal se inició a instancias del Juzgado de Primera Instancia número 3, luego de que se detectara que la diligencia de ordenación entregada por el abogado al ciudadano no coincidía con ningún documento archivado en el Juzgado. Según fuentes judiciales citadas por elDiario.es, el documento falsificado indicaba que el lanzamiento de una vivienda en la calle Suiza, en Sant Antoni, había sido suspendido y aplazado a octubre. Sin embargo, la supuesta resolución carecía del código de verificación digital de la firma de la letrada de la Administración de Justicia y presentaba múltiples errores, a pesar de incluir un número de referencia para dotarla de mayor credibilidad.
Además, el documento hacía referencia a un auto inexistente y ni siquiera utilizaba la tipografía oficial de las resoluciones judiciales. Las mismas fuentes señalaron que estos detalles evidenciaban la falsificación y llevaron a la apertura de una investigación formal.
El abogado implicado en este caso está colegiado en el Ilustre Colegio de Abogados de les Illes Balears (ICAIB) desde 1998 y, además de ejercer la abogacía, ocupa cargos en tres empresas del sector náutico de Eivissa. Según el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME), en dos de ellas figura como administrador único, mientras que en la tercera actúa como administrador solidario.
