EFE / La Policía Nacional ha destapado un fraude a la Seguridad Social de más de 27 millones de euros en el marco de varias actuaciones desarrolladas en 17 provincias españolas, una de ellas Baleares, entre mayo y agosto que han dado con 33 detenidos y 40 investigados, informa este Cuerpo.
Se trata de la Operación Pandora llevada a cabo en colaboración con la Tesorería General de la Seguridad Social en Baleares, Alicante, Barcelona, Cáceres, Cádiz, Córdoba, Girona, Guipúzcoa, Granada, Huelva, Las Palmas, Lugo, Madrid, Málaga, Toledo, Valladolid y Zamora.
Para eludir el pago de cantidades adeudadas y frustrar las aspiraciones de cobro de la Seguridad Social los detenidos y demás investigados creaban entramados empresariales con los que ocultaban bienes a través de sucesivas transmisiones.
Asimismo rompían precintos de bienes embargados, formulaban denuncias falsas relacionadas con robos de los mismos y los vendían, y además falsificaban certificados de estar al corriente de las obligaciones con la Seguridad Social.
Así podían continuar con la actividad laboral mediante subcontrataciones y acceder al cobro de prestaciones públicas u obtener bonificaciones en la cuota de autónomo o en las cotizaciones de trabajadores.
Uno de los casos más destacados para la Policía fue el descubierto en Maspalomas (Las Palmas), donde dos ciudadanos españoles suplantaron la personalidad de administradores de dos empresas de asesoramiento «online» y de arquitectura e ingeniería, con sede en la isla de Gran Canaria.
Se atribuyeron poderes con los que no contaban y de esta forma obtuvieron autorizaciones para tramitar el alta de trabajadores ficticios con el único fin de obtener beneficios económicos y sociales.
Los supuestos trabajadores obtuvieron indebidamente prestaciones por desempleo, periodos de cotización no basados en actividad laboral real y acceso indebido al sistema sanitario público.
Otro caso llamativo para la Policía fue el descubierto en la provincia de Huelva, donde una sociedad limitada unipersonal fue constituida en 1999 para la explotación de buques de pesca y desde 2012 se convirtió en deudora sistemática a la Seguridad Social al no pagar las cotizaciones de sus marineros.
En 2014 los dueños simularon la venta de la compañía a una persona insolvente que usaron como testaferro, poniendo a salvo con esta maniobra la propiedad y el domicilio familiar a su nombre en la localidad onubense de Lepe.
El verdadero dueño de la compra del barco resultó ser el líder de una importante organización criminal dedicada al tráfico de drogas que hizo figurar al frente de la empresa a testaferros que realmente eran personas insolvente y toxicómanos.
Los propietarios contrataron pescadores para ocultar la introducción de importantes cantidades de hachís y cocaína en España.
También destaca un tercer caso en Zamora, donde la Policía desarticuló un grupo del sector de la madera y la silvicultura, uno de cuyos detenidos defraudó durante 37 años más de un millón de euros a la Seguridad Social.
Igualmente en Alicante se descubrió la falsificación por parte de tres ciudadanos marroquíes de formularios para la obtención de prestaciones para sufragar la manutención en Marruecos de los hijos a cargo de trabajadores marroquíes desplazados a España en virtud de un convenio entre ambos países.
