El servicio de Inspección de Vivienda del Govern balear, junto con la Policía Local de Sant Antoni y la Guardia Civil, ha destapado varios casos de infravivienda en el municipio tras inspeccionar alrededor de 60 inmuebles. Entre los hallazgos más llamativos figura un local de la avenida Doctor Fleming con unas 70 literas instaladas y cuatro pisos de un mismo edificio que concentraban entre 120 y 130 camas.
En el local de Doctor Fleming, los agentes encontraron entre 20 y 30 personas que, según las comprobaciones realizadas, dormían repartidas por distintas estancias del inmueble. Los ocupantes aseguraron que pagaban una media de 300 euros mensuales por el alojamiento.
Otra de las actuaciones se centró en un edificio de la calle Sant Antoni, donde se inspeccionaron cuatro viviendas con unas 30 literas cada una y una elevada ocupación, lo que eleva el total del inmueble a entre 120 y 130 camas. Además, en otros locales inspeccionados se detectó al menos otro espacio utilizado como alojamiento, con entre cinco y seis personas pernoctando en él.
Durante los dispositivos, los agentes entrevistaron a los residentes para conocer las condiciones en las que vivían y la cuantía de los alquileres abonados. Toda la documentación recopilada se ha remitido a los servicios competentes, que deberán valorar la apertura de posibles expedientes sancionadores por incumplimientos de la normativa de vivienda y habitabilidad.
Parte de estas inspecciones se iniciaron a raíz del trabajo de los Agentes de Intrusismo y Convivencia (AIC) de Sant Antoni, que investigaban posibles alquileres turísticos ilegales. Las actuaciones se enmarcan también en la colaboración con el Consell d’Eivissa dentro del Plan contra el Intrusismo.

El Ayuntamiento de Sant Antoni ha agradecido la colaboración del personal desplazado a Ibiza por la Conselleria de Vivienda, Territorio y Movilidad del Govern, así como el apoyo de la Guardia Civil en estas inspecciones de inmuebles con posibles condiciones inadecuadas de habitabilidad. Asimismo, ha animado a la ciudadanía a comunicar posibles casos de alquiler turístico ilegal o de infravivienda para facilitar nuevas actuaciones de inspección.





