El caso de presunta pederastia en la iglesia de Ibiza: cinco denuncias penales, dos admitidas y un posible juicio en 2025

Han pasado tres años y siete meses desde que salieran a la luz en Noudiari, en marzo de 2021, las primeras denuncias por agresiones sexuales cometidas presuntamente por un sacerdote que había ejercido en Ibiza durante 40 años.

El juicio por la causa abierta se celebrará, si nada lo impide, en 2025 tras prosperar dos de las cinco denuncias penales interpuestas contra el sacerdote Juan Manuel de Souza Iglesias (A Coruña, 1950). 

Tres de ellas, referidas a casos sucedidos presuntamente en los años 90 del siglo pasado, se quedaron en el camino. Fueron archivadas porque ya había prescrito el delito.

Además de estos cinco denunciantes, que eran menores en el momento de los presuntos hechos, un adulto fue presuntamente abusado en la iglesia del Rosario en 2006 cuando tenía 28 años y una chica explicó en redes sociales haber sufrido tocamientos por parte de Souza en una excursión escolar en 1992. Hay que recordar, además, que las personas entrevistadas por este medio afirman conocer otros presuntos casos de pederastia en Ibiza y a otras presuntas víctimas que no han hecho públicos sus abusos.

Dos de las denuncias archivadas son las más mediáticas: la de Sergio Lleó, cuyas publicaciones en redes sociales desencadenaron una investigación por parte del Arzobispado de Valencia, y la de José Juan, que también mostró públicamente su testimonio para alentar y acompañar moralmente a otras víctimas del sacerdote. La tercera denuncia archivada corresponde a otra presunta víctima que contó su caso en la televisión pública balear IB3. 

Las dos denuncias penales que han prosperado contra el sacerdote, que ahora tiene 74 años, están pendientes de señalamiento de fecha de juicio tras finalizar la fase de instrucción y presentarse los escritos de acusación y defensa. Ambos eran niños en el momento de los presuntos hechos y estaban vinculados a la parroquia de San Pablo, en el barrio de Ca n’Escandell del municipio de Ibiza. Uno de los casos relata presuntos abusos entre los años 2008 y 2011 en esta parroquia y el otro en otro período [sin especificar en este artículo para no señalar en exceso a la presunta víctima].

Los dos abogados reclaman la misma pena de prisión: 3 años por cada víctima. El Ministerio Fiscal pide un total de seis años por los dos casos y, además, una indemnización de 20.000 euros (30.000 euros pide el abogado), en un caso, y de 9.000 euros, en el otro.

Los dos denunciantes relatan hechos muy similares al resto de víctimas: el sacerdote creaba presuntamente una relación de confianza con las familias y con los pequeños y después convocaba a los niños en espacios privados de las parroquias para tocarles los genitales. 

El escrito de la defensa de Souza se presentó hace solo unos meses, y, por lo que ha podido saber Noudiari, el sacerdote niega por completo todos los presuntos hechos. Tampoco ninguna víctima (de las que tienen contacto con este medio) ha recibido una disculpa por parte del sacerdote implicado.

El Obispado de Ibiza, por su parte y en lo que respecta al proceso, se remite al escrito de la defensa, de modo que tampoco reconocería los hechos. Como responsable civil subsidiario de los presuntos abusos, el Obispado está llamado en el procedimiento porque los supuestos delitos se cometieron por un sacerdote valiéndose de su posición como tal para conseguir esa posición de superioridad en la que cometer el abuso y en instalaciones de la iglesia. 

Un modus operandi similar en todos los casos

El modus operandi de los seis casos conocidos son análogos, muy similares, con tocamientos en las partes íntimas de los niños presuntamente abusados mientras el sacerdote también se tocaba. En ningún caso conocido ha habido penetración. “Nos permite ver que había una forma de actuar muy clara por parte del denunciado”, apunta el abogado de una de las presuntas víctimas a consultas de este medio. 

Su cliente, “cuando leyó la denuncia de otra de las víctimas al detalle, se estremeció porque había sido exactamente igual a lo que le había sucedido a él. La dinámica coincide, hacía siempre lo mismo. Solían ser familias practicantes, que confiaban mucho en él y por eso conseguía quedarse con los menores a solas”, relata el letrado. Al acceder al total de las denuncias presentadas, vieron que los hechos eran idénticos, lo que para la defensa tiene un gran peso: “varias víctimas que no se conocen y que no tienen contacto entre ellas describen los mismos hechos”, destaca.

Esta víctima emprendió la vía penal “porque quiere que se haga justicia y, sobre todo, por no dejar solos al resto de afectados”. La indemnización económica está “en un plano completamente secundario” para él. 

El Juzgado de instrucción número 4 de Ibiza llevó a cabo las diligencias previas (34 /2021); el 11 de mayo de 2023 acabó la instrucción y el escrito de acusación se puso en fecha 22 de mayo del 2023. El escrito de la defensa de Souza se presentó este año, hace unos meses.

Juan Manuel de Souza Iglesias, que llevaba en Ibiza desde 1981, fue párroco de San Pablo desde 2006 y de Santa Cruz desde 2010. Fue apartado de sus funciones en la iglesia de Santa Cruz en marzo de 2021, días después de que se hiciera pública la investigación de los hechos. Abandonó Ibiza y estuvo residiendo en A Coruña pero también en Canarias donde, hasta 2023, aparecía como administrador de una S. L.

¿Por qué han prescrito los casos de Sergio Lleó y José Juan?

En el Derecho Penal la retroactividad de las normas sólo se puede aplicar en beneficio del reo y nunca en perjuicio. De este modo, los presuntos casos de abusos cometidos por el sacerdote a principios de los años 90, hace 30 años o más, han prescrito a pesar de la modificación que supuso al respecto la Ley de Protección Integral a la Infancia y la Adolescencia frente a la Violencia —la llamaba Ley Rhodes—, que solo se aplica a todos los casos que no habían prescrito en el momento de la entrada en vigor de la ley. 

Así, en el caso de un abuso sexual cometido en 1994, el delito estaría sujeto a las leyes vigentes en ese momento, que contemplaban plazos de prescripción más cortos. Si esos plazos ya han vencido bajo la legislación anterior, la Ley Rhodes no puede aplicarse retroactivamente para reabrir el caso.

“Un niño tarda tiempo en procesar lo que le ha sucedido, por eso las denuncias, si es que llegan a ponerse, suelen ser años después, y además con vergüenza y culpabilidad en muchos casos. No hay posibilidad de acceder a restos biológicos o de ADN, por eso es tan importante que la declaración de la víctima sea sólida y permanente en el tiempo y que no presente incoherencias y, además, venga corroborada por elementos periféricos objetivos», añade el abogado. Las presuntas víctimas se enfrentan en un juicio a la peor de sus pesadillas: que se ponga en tela de juicio su testimonio, que se les cuestione y trate de desmontar su versión.

Resarcimiento a las víctimas de abusos en Madrid

“No queremos ni debemos pasar página”. Con este compromiso, el arzobispo de Madrid, José Cobo, encabezó el pasado lunes 21 de octubre un acto de reconocimiento, paz y perdón en la Catedral de La Almudena para las víctimas de abusos sexuales en el seno de la iglesia, en la misma línea de un acto sin precedentes que se celebró previamente en Bilbao, en 2023, en el que el obispo Joseba Segura pidió perdón a las víctimas de pederastia en la Iglesia vasca y en general. 

En Madrid, Cobo pidió disculpas a las víctimas de abusos y se comprometió a la puesta en marcha, “sin retroceso posible”, de una serie de medidas que “no den lugar a equívocos”. “No es momento de palabras: estaréis cansados y cansadas de palabras huecas. Es tiempo de hechos, de escuchar, de aprender, de reconocer y de reparar”, subrayó Cobo y enfatizó: “No hemos cuidado a las víctimas, no os hemos defendido y nos hemos resistido a atenderos cuando más lo necesitabais” “Rotundamente la Iglesia de Madrid quiere afrontar el dolor que provocan todo tipo de abusos: sexuales, de poder, de conciencia y espirituales”, remarcó. “No se trata solo de pedir perdón, sino además de acoger, reparar, restituir e incluir el proceso y la vida (de las víctimas) en el corazón de la Iglesia”, añadió.

A consultas de este medio, la Diócesis de Ibiza no ha respondido a día de hoy si está previsto organizar en la isla algún acto de resarcimiento para las víctimas de abusos por parte del sacerdote Francisco Sirvent (en 1995, este párroco fue expulsado del Ejército, donde ejercía como capellán castrense, por acosar sexualmente a soldados del acuartelamiento de Sa Coma de Ibiza) y por los presuntos abusos de  Juan Manuel de Souza Iglesias.

La semana pasada, el Defensor del Pueblo presentó en el Parlamento un informe con más de 600 experiencias de abusos documentadas y validadas. Hay que recordar que esta institución entrevistó a una de las presuntas víctimas, que puso en conocimiento del Defensor los casos de Ibiza que se han denunciado.