El Consell Insular de Formentera ha reaccionado este miércoles a las afirmaciones difundidas por el sindicato UGT sobre la supuesta existencia de “graves deficiencias” en la Residencia de Mayores de la isla, después de que la Inspección de Trabajo realizara una visita al centro el pasado 14 de octubre.
En un comunicado oficial, el Consell argumenta que el documento de Inspección “no es un informe defintivo» ni sancionador «ni constata infracciones”, sino “una diligencia y requerimiento preventivo” habitual en este tipo de inspecciones, cuyo objetivo es revisar aspectos técnicos.
El gobierno insular asegura estar aportando toda la documentación solicitada y afirma que “no existe ningún informe definitivo”, por lo que considera que las acusaciones de deficiencias son “prematuras y carentes de fundamento”.
En su comunicado, UGT explicaba que durante la visita, la Inspección constató que varias puertas de emergencia permanecían cerradas, vulnerando la normativa básica de seguridad, y que los extintores llevaban más de un año sin revisión. A estos fallos se sumaban carencias en la vigilancia de la salud, la formación preventiva y la planificación de riesgos laborales, además de un descontrol en los turnos y la distribución del personal, que afecta directamente a la calidad asistencial.
El ejecutivo insular, por contra, recalca que “los extintores estaban dentro del plazo legal de revisión” —válido hasta el 1 de noviembre— y que “ya se ha completado la nueva revisión”, negando que existiera “ninguna situación de riesgo ni incumplimiento”. El Consell acusa al sindicato de “manipular una diligencia técnica y convertirla en un informe definitivo con acusaciones infundadas”, generando “alarma injustificada entre la ciudadanía”.
Sin embargo, la polémica política no ha tardado en crecer. El PSOE de Formentera ha exigido la dimisión inmediata de la consellera insular de Bienestar Social, a quien responsabiliza de una “nefasta gestión” en la residencia. Los socialistas aseguran que el informe de Inspección “constata fallos muy graves en materia de seguridad y funcionamiento” y recuerdan que hace meses vienen alertando de problemas en el centro, incluyendo la fuga de una usuaria, el conflicto laboral con la plantilla y prácticas de cuidado “contrarias a un modelo centrado en la persona”.
“El presidente Portas debe cesar a la consellera y asumir responsabilidades políticas”, ha reclamado el portavoz socialista Rafa Ramírez, quien acusa al gobierno insular de “negar la realidad y bloquear el funcionamiento del Consejo de Participación de la Residencia”, donde están representadas las familias y el personal.
El PSOE ha reclamado además la convocatoria urgente de dicho órgano, un plan de choque para corregir las deficiencias, la revisión de los horarios de atención y la dotación estable de personal sanitario, incluida una enfermera propia.
Mientras tanto, el Consell reitera su colaboración con la Inspección de Trabajo y asegura que “si se determinan aspectos a mejorar, se corregirán de forma inmediata y con el máximo rigor”.
