@Noudiari / El conseller de Hacienda y Territorio del Consell de Formentera, Bartomeu Escandell, ha ofrecido hoy las explicaciones «oportunas» sobre la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Balers (TSJB) que anuló la delimitación de los conjuntos históricos de los núcleos urbanos de Sant Francesc, Sant Ferran y el Pilar de la Mola, catalogados en las normas subsidiarias del planeamiento territorial de la isla de 2010. También ha adelantado que se recurrirá la sentencia del TSJB. Lo ha hecho en el marco de un pleno de carácter extraordinario en el que ha dicho que la sentencia del TSJB «solo afecta al área de 250 metros desde el eje de las iglesias, calificadas como Bien de Interés Cultural (BIC), y convalida el Decreto del Govern balear de 2009, que dio luz verde al Consell Insular de Formentera para llevar a cabo la nueva delimitación de los conjuntos históricos».
Escandell ha señalado que, «una vez conocida la sentencia, se tomó la decisión de obrar con cautela en las actuaciones que se llevaran a cabo dentro de la delimitación de los conjuntos históricos» citados. Asimismo, el conseller ha asegurado que la resolución judicial «no tiene efectos sobre las licencias de obra otorgadas antes de la entrada en vigor de las Normas Subsidiarias de 2010».
Por otra parte, el Consell de Formentera ha anunciado en el transcurso del pleno que ha preparado un recurso de casación que presentará ante el TSJB y que rebate los argumentos que, en su opinión, dan cuerpo a la sentecia y no se ajustan a la realidad, según los informes de los servicios técnicos y jurídicos de los que dispone. Así, considera que la deliminatición de los diferentes grados de protección que aplican las Normas Subsidiarias no están «sificientemente motivados».
Además, afirma que «el actual equipo de gobierno se encontró con tres edificios de reciente construcción que no podían protegerse por no tener ningún valor patrimonial», ha apuntado Bartomeu Escandell. «Teniendo en cuenta que en los conjuntos históricos la volumetría quedaba congelada, tanto para construir como para demoler, el Tribunal hubiera podido interpretar que no se quería cumplir la sentencia de demolición», ha proseguido el conseller.
Imprecisiones
El Consell de Formentera considera que ha seguido el procedimiento que debía y que, por tanto, la sentencia del TSJB no es precisa «en cuanto afirma que la Comisión Técnica Asesora no se reunió para emitir un informe preceptivo, cosa que asegura que sí que hizo y que argumenta con con el acta de dicha reunión y la resolución adoptada en la misma, favorable a la delimitación de los tres conjuntos históricos.
Por último, el Consell de Formentera se reafirma en que no quiso ejecutar la sentencia de demolición de 2009 de los tres edificios del Centro Comercial de Sant Ferran, levantadas en el solar conocido como ca ses Castellones, con licencia concedida en 2005 por parte del tripartito PP-GUIF-PREF y posteriormente ilegalizada por sentencia judicial. En este punto, Escndell ha manifestado que ha sido su equipo de gobierno «el que ha tenido que gestionar una problemática creda por los grupos que ahora están en la oposición y que en defensa del interés público y para evitar una posible reclamación económica, la institución insular agotó todas las vías judiciales para evitar cualquier responsabilidad patrimonial para el pueblo de Formentera».
Urbanismo a la carta
Por su parte, el portavoz del Partido Popular de Formentera, José Manuel Alcaraz, ha tenido la mano al Consell Insular de la isla “para empezar a trabajar conjuntamente y subsanar los errores de la normativa urbanística”, aunque asegura que “esta negociación solo puede materializarse con otro conseller de Urbanismo, ya que el actual está totalmente quemado por su urbanismo a la carta y no puede liderar este proceso de consenso de cara al futuro, un consenso que ya rompió en la negociación para la aprobación en 2010 de la actual normativa urbanística ”.
“El titular de esta cartera, Bartolomeu Escandell, ha tenido que reconocer, como desde el PP le veníamos alertado por activa y pasiva, que no descarta tener que aplicar cambios normativos para subsanar estas normas”, ha lamentado el portavoz de la formación popular en la isla. “Hemos quedado decepcionados porque las explicaciones no han sido suficientes, ya que, la interlocutoria de aclaración de la sentencia también ha sido denegada por el TSJB, ya que al parecer la han solicitado de forma errónea, otra mala gestión del conseller”, según Alcaraz. Para el PP de Formentera, “lo único quehay claro es la incertidumbre absoluta creada sobre lo que puede pasar en los tres cascos urbanos más importantes de Formentera y que Escandell no es la persona adecuada para despejarla”.
El Partido Popular ha criticado, además, que “se colase la autorización para delimitar los nuevos conjuntos históricos a través de un ‘decretazo’ sobre transporte regular de pasajeros”, algo que, según dice, fue denunciado en 2009 por la portavoz popular en el Parlament, Mabel Cabrer. “Sinceramente, no nos alegramos de que el Tribunal nos de la razón, porque todo esto perjudica sobre todo a los ciudadanos, y es por eso por lo que queremos ayudar a solventar los errores de este ordenamiento, pero sí exigimos un ejercicio de responsabilidad por parte del Consell y un cambio en su rumbo”, ha señalado Alcaraz.
El GUIF pide la cabeza de Escandell
Durante el plano extraordinario, el portavoz del Grup Independents de Formentera (GUIF), Javi Serra, ha evaluado la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Balears relativa a las Normas Subsidiarias (NNSS) y h pedido la dimisión de Bartomeu Escandell, conseller de Urbanismo, “como responsable de las mismas por no haber contestado a las preguntas que se le han formulado”.
Serra ha preguntdo a Escandell «qué sucederá si la actual sentencia se hace firme, y en consecuencia qué repercusiones podría tener para Formentera». El portavoz del GUIF también se ha interesado por lo que sucederá con las licencias concedidas entre octubre de 2010, tras la aprobación inicial de las NNSS, y la actualidad, así como las que se encuentran actualmente en tramitación.
El GUIF afirma que, desde que se hizo pública la sentencia, “numerosos particulares» se han dirigido a su grupo «mostrando su miedo por lo que dicha sentencia puede suponer», por lo que reclaman «respuestas claras al encontrarse ante un caso flagrante de inseguridad jurídica”. Serra ha señalado que “no es de recibo que el conseller de Urbanismo repita una y otra vez que la actual sentencia deriva del caso de ca ses Castellones y que la sentencia se refiere en exclusiva a ese expediente, sino que el problema es mucho mayor ya que en la sentencia se habla de los tres núcleos urbanos existentes alrededor de las tres iglesias de la isla, en Sant Francesc, Sant Ferran y el Pilar de la Mola, y tumba parte de la normativa relativa a los mismos. No fecta una sola licencia, sino a otras muchas más”, ha concluido Serra.
