El Pleno del Consell Insular d’Eivissa ha aprobado hoy un expediente de suplemento de crédito por importe de 3,33 millones de euros destinado a garantizar la continuidad de los servicios sociales esenciales y la atención a colectivos vulnerables.
Concretamente se destina prácticamente una tercera parte a Menores, 484.000 euros a Promoción Social, 207.571 euros a la Oficina de la Mujer, 802.000 euros a Atención a la Discapacidad y 800.000 euros a conciertos sociales. Todas ellas partidas que se han visto alteradas por la necesidad de atender la llegada sobrevenida de menores migrantes.
Así lo ha explicado el consejero de Hacienda y Gestión Económica, Salvador Losa, quien ha señalado durante el debate que este expediente es consecuencia directa del aumento desmesurado del sistema de protección de menores a causa de circunstancias extraordinarias que han tensionado de manera notable la capacidad económica y administrativa del Departamento de Bienestar Social y que, lamentablemente, afecta a otros servicios del departamento como la atención a las discapacidades o la integración sociolaboral, entre otros.
En este sentido, Losa ha señalado especialmente la situación que vive el Servicio de Menores ante la llegada continuada de menores extranjeros no acompañados. Según los datos del propio departamento, el servicio ha pasado de acoger a 18 menores extranjeros no acompañados en 2019 a 112 en la actualidad.
«El problema no es de voluntad ni de gestión. El problema es que el Consell d’Eivissa está asumiendo una presión asistencial cada vez mayor sin que el Estado aporte los recursos necesarios para hacerle frente«, ha afirmado Losa, lamentando que «mientras todo el departamento se vuelca en buscar personal, espacios y crédito, se centra en lo urgente, desatendiendo lo importante».
Losa ha defendido que la cuestión no debe abordarse desde un debate ideológico, sino desde la realidad de los números. «Hablamos de personas que deben ser atendidas con dignidad y con todas las garantías, pero también hablamos de un sistema que necesita recursos. No es un problema de humanidad, es un problema de financiación y de responsabilidad institucional», ha remarcado.
En este sentido, ha denunciado que los consells insulars continúan asumiendo prácticamente en solitario las consecuencias económicas de la política migratoria estatal, «sin que exista una respuesta suficiente por parte del Gobierno de España».
Además de las necesidades derivadas del Servicio de Menores, el suplemento de crédito permitirá atender obligaciones relacionadas con servicios sociales, la Oficina de la Mujer, los servicios de atención a personas con discapacidad y diversos conciertos sociales vinculados a la atención de personas vulnerables.
El Consell recuerda que el Estado termina «dándole la razón sobre el Plan Económico y Financiero«
Durante el debate, el consejero de Hacienda y Gestión Económica también ha recordado que el Consell d’Eivissa ya defendió el pasado mes de marzo que no tenía sentido obligar a una administración saneada, con capacidad de ahorro y solvencia acreditada, a tramitar un Plan Económico y Financiero por haber superado puntualmente la regla de gasto como consecuencia de la ejecución de inversiones necesarias para la isla.
Losa ha señalado que las modificaciones aprobadas por el Gobierno de España mediante el Real Decreto-Ley 13/2026, por el que se adoptan medidas relativas a los recursos de los sistemas de financiación territorial, confirman ahora esta posición, al dejar sin efecto para este ejercicio la obligación de tramitar este tipo de planes en supuestos como el del Consell d’Eivissa.
«Dijimos que era absurdo obligar a una administración saneada a justificar ante el Ministerio de Hacienda que podía pagar sus inversiones y atender sus compromisos. Ahora es el propio Estado quien termina reconociendo que este trámite no tenía sentido en casos como el nuestro», ha afirmado.
El consejero ha recordado que el Plan Económico y Financiero aprobado por el Consell en marzo ya acreditaba la solidez de la institución, su capacidad de ahorro y la posibilidad de incorporar remanentes para ejecutar políticas estratégicas como la cooperación municipal, el traslado de residuos, las inversiones insulares o las ayudas a los ayuntamientos.
