El Consell Executiu del Consell de Ibiza ha aprobado la tramitación del informe técnico jurídico por la deuda que reclama la entidad social Amadiba y que asciende además de 2 millones de euros, por trabajos que asegura haber realizado por encomienda del Consell Insular entre los años 2017 y 2019.
Así, la Asociación de Madres y Padres de Discapacitados de Balears (Amadiba), entidad sin ánimo de lucro, ya advirtió al Consell de Ibiza de que el impago de la deuda contraída de 2,2 millones de euros por los servicios prestados en la isla entre 2017 y 2019 por encargo del anterior gobierno insular de PSOE y Guanyem para dar atención a personas con discapacidad intelectual,
Sin embargo, la contratación realizada por el Consell y en concreto por la exconsellera de Bienestar Social, Lydia Jurado, fue irregular, al margen del procedimiento administrativo habitual, de modo que desembocó en importantes impagos al no haber una tramitación administrativa de la contratación.
El actual vicepresidente primero de la institución, Mariano Juan, ha explicado hoy que el informe técnico jurídico sobre el tema se está elaborando desde 2021 y cuenta con la aportación de técnicos de diferentes departamentos del Consell.
Este declara la necesidad de poner los hechos contrastados en conocimiento de Fiscalía Anticorrupción y del juzgado atendida su gravedad.
Igualmente se declara suspender el expediente hasta que pueda haber alguna comparecencia judicial de los anteriores mandatarios y que alguien reconozca haber encomendado los servicios, cosa que podría abrir una puerta a la tramitación de las facturas que Amadiba reclama desde 2018.
Según ha explicado Mariano Juan, los hechos en cuestión detallan que el equipo de gobierno de la legislatura 2015-2019 podría haber encomendado unos trabajos de manera verbal, sin ningún tipo de procedimiento y sin el aval de ningún técnico de la corporación.
Se da la circunstancia también de que, según este informe, algunos representantes políticos de la anterior legislatura «han prestado declaración ante notario responsabilizando directamente al ex presidente Vicent Torres, quien se ha negado a recibir el oficio del Consell de Ibiza en el que se le instaba a poder reconocer esta situación para poder continuar con la tramitación de la reclamación», afirman desde el actual equipo de gobierno.
«A todo esto se suma el hecho que Amadiba adjunta como prueba dos contratos que el dictamen afirma que se fabricaron fraudulentamente después de que el Consell Executiu los denegara», añaden.
Además, el informe técnico relata «hechos de gravedad, como que una de las posibles responsables políticas de esta supuesta contratación irregular, haya trabajado posteriormente en Amadiba (hay constancia documental de este hecho en el Consell de Ibiza), así como que una trabajadora del Consell manifiesta haber recibido presiones políticas para conformar unas facturas que carecían de tramitación alguna», subrayan.
Mensaje de tranquilidad a las familias
Por su parte, la consellera de Bienestar Social, Carolina Escandell, ha enviado un mensaje de tranquilidad a las familias recordando que el Consell de Ibiza continuará la estrecha colaboración con Amadiba que ha venido manteniendo durante toda esta legislatura.
En este sentido, la consellera ha recordado que, nada más empezar su mandato, se puso “orden” en la contratación de Amadiba y se han tramitado dos conciertos con la entidad, hecho que ha posibilitado que a día de hoy se realicen pagos en tiempo y forma por los servicios que presta la entidad por encomienda de esta institución.
