@Noudiari/El Consell de Ibiza ha reclamado que solo se exonere de sanciones a los barcos que fondeen sobre posidonia por casos o situaciones de emergencia.
Ésta es una de las premisas que se incluyen dentro de las alegaciones presentadas al decreto para la protección de la posidonia y que han sido aprobadas hoy por el Consell Executiu.
Desde la máxima institución insular apuntan que, teniendo en cuenta que las praderas de posidonia tienen un régimen de protección “prioritario» , se considera que la exoneración del régimen sancionador debe “ limitarse» exclusivamente a situaciones o casos de emergencia.
Para el Consell, «se considera que no se puede exonerar de responsabilidad al infractor en los casos que la pradera no sea visible, no esté señalizada o no exista cartografía oficial.
Campos de boyas
La institución también pide que se prohíba la instalación de fondeos fijos o campos de boyas en zonas donde se encuentran artes de pesca tradicional de parada o zonas de caladeros de pesca para “evitar” afectaciones a la pesca local o tradicional.
En esta línea, propone que, además de los campos de boyas, se incluyan zonas balizadas para la regulación del fondeo de embarcaciones.
Praderas de posidonia
Por otra parte, la institución insular reclaman la eliminación de la definición de la pradera de posidonia ya que consideran que establecer la extensión mínima de una hectárea es «un error», porque puede dejar desprotegidas praderas de posidonia de menor superficie.
En el informe de alegaciones realizado desde el Departamento de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino se considera necesario crear un anexo cartográfico en el que se diferencien las diferentes tipologías de playas para determinar las metodologías de la retirada de los restos de posidonia muerta según la playa.
Lenguas oficiales
El Consell Executiu también ha aprobado el informe sobre el proyecto de Decreto del Govern balear para regular el uso de las lenguas oficiales en la administración de la Comunidad Autónoma de Balears.
Tanto los informes realizados por la Secretaría del Consell como por el departamento de Educación, Patrimonio, Cultura, Deportes y Juventud coinciden en dar el visto bueno e informar favorablemente sobre este decreto, con una excepción. Y es que alertan que los artículos 14.3 y 28.2 hacen referencia a la aceptación de comunicaciones o de documentación en cualquier lengua oficial del Estado español, lo que implicaría también a las lenguas gallega y vasca.
Esto conlleva un aumento de obligaciones y cargas por parte del personal del Consell. No obstante, señalan que no se consigna ningún aumento de dotación económica ni de personal para compensar esta carga, por lo que se presentan objeciones en este punto.
