EFE / Redacción/ El Govern del PP y los partidos de la oposición (PSIB, Més y Podemos) han llegado este lunes a un acuerdo para posponer la votación en el Parlament de la ley de simplificación administrativa con el propósito de cerrar un pacto sobre la prohibición de construir en zonas inundables de Baleares.
La Mesa y la Junta de portavoces se reunirán este martes, antes de que comience el pleno, para retirar del orden del día este punto, ha informado en rueda de prensa la portavoz adjunta del PP en el Parlament, Marga Durán.
Los partidos de la oposición han presentado este lunes un escrito para retirar esta cuestión del orden del pleno, para que haya más tiempo para negociar, una propuesta que el PP ha aceptado.
El texto del PP de la ley de simplificación administrativa permite la construcción de viviendas en zonas inundables de Baleares, pero el Govern de Marga Prohens (PP) renunció hace unos días a esta posibilidad tras la catástrofe vivida por la DANA en Valencia.
En rueda de prensa, Prohens ha mostrado este lunes su disposición a retrasar la aprobación de esta ley una semana más y cerrar un acuerdo con todas las formaciones políticas.
Además, el Govern quiere que tampoco se pueda levantar en estas zonas ningún tipo de equipamiento público, como colegios, centros de salud o residencias de ancianos, que sí se permite con la actual legislación urbanística aprobada por el gobierno de izquierdas en la pasada legislatura, ha señalado Prohens.
Realizar nuevos estudios en zonas inundables
La presidenta ha defendido la necesidad de llevar a cabo nuevos estudios sobre zonas inundables en Baleares porque en los actuales podría existir «falta de rigor».
Prohens también quiere que en el acuerdo con la oposición figure que las casas construidas en zonas ilegales cuyo delito haya prescrito tengan la obligación de adoptar medidas adicionales para mejorar su seguridad.
La presidenta ha señalado que el fenómeno de las DANAS es un proceso cada vez más frecuente como consecuencia del cambio climático y, por lo tanto, se deben adoptar todas las medidas de seguridad posibles. «Si hay que llegar una semana más para llegar a un acuerdo, no hay ningún problema», ha insistido.
La izquierda urge una negociación «real» para prohibir la construcción en zonas inundables
El PSIB-PSOE, MÉS per Mallorca, Més per Menorca y Unidas Podemos habían pedido al vicepresidente del Govern, Antoni Costa, que les reuniera este lunes para establecer una negociación que implique la prohibición «real» de la construcción en zonas inundables, con el objetivo de proteger a la ciudadanía ante posibles situaciones de peligro, tras las tragedias de Valencia y Sant Llorenç des Cardassar.
La oposición ha exigido excluir de la amnistía urbanística en suelo rústico a los edificios que se encuentran en zonas con riesgo de inundación y que no se pueda clasificar nuevo suelo urbanizable dentro de zonas de inundación.
Además, ha pedido la prohibición total de nuevas construcciones y de los cambios de usos de bajos comerciales para vivienda en zonas peligrosas que permite la legislación actual del PP, así como eliminar la posibilidad de realizar equipamientos públicos y prohibir cualquier actuación en los edificios fuera de ordenación de áreas de riesgo de inundación.
En caso de no llegar a un acuerdo en este sentido antes del pleno de mañana martes, los cuatro partidos han propuesto aplazar la votación de la ley de simplificación administrativa, como finalmente ha sucedido.
GOB: El Govern pretende reducir las zonas inundables para favorecer intereses privados
Por su parte, la asociación ecologista GOB ha expresado hoy su preocupación porque el cambio de postura del Govern del PP sobre la construcción en zonas inundables tras la catástrofe de Valencia se traduzca en una reducción de estas áreas de riesgo «para no afectar a intereses privados».
En un comunicado, ha subrayado que es preciso impedir nuevas edificaciones en zonas de riesgo de inundación y también «paralizar la legalización indiscriminada de casas y usos ilegales en suelo rústico que también se encuentran en zonas inundables».
La organización ecologista explica que el comité de expertos en cambio climático que asesora al Govern se ha pronunciado contra las medidas urbanísticas contempladas en el proyecto de ley, derivado del decreto de Simplificación Administrativa, que este martes se debatirá en el Parlament.
Este proyecto, plantea el GOB, también incluye otros «preocupantes retrocesos ambientales» como dejar la definición del concepto de interés general que permite excepciones en manos de los Consells Insulars.
Asimismo, censura que se quiera facilitar la reforma de edificios fuera de ordenación y dejar prescribir las infracciones urbanísticas en suelo rústico.
Otras medidas negativas previstas en la norma que se debatirá este martes son, en opinión del GOB, reducir la exigencia de incorporar a las flotas de vehículos de alquiler coches menos contaminantes, retrasar la prohibición de plásticos de un solo uso y eliminar la cobertura con placas solares de los aparcamientos.
