El GEN-GOB ha dirigido un escrito a la totalidad de los departamentos de urbanismo de los ayuntamientos de Ibiza para exigir ser parte interesada «en la totalidad de los expedientes de legalización que se pretendan acoger a la amnistía aprobada por el ejecutivo Prohens».
Así, recuerdan que, en teoría, la medida aprobada pretende incorporar a la ordenación edificaciones realizadas al margen de la legalidad, «contra las cuales ya no cabe ninguna medida de restablecimiento de la legalidad»·.
El hecho de que los procedimientos de legalización se realicen en los ayuntamientos, sin ninguna intervención externa, sin pasar por ninguna exposición pública, ni comisiones de urbanismo o de patrimonio del Consell Insular, ni recibir ningún informe externo de ningún organismo, «hace que estas legalizaciones sean completamente opacas», denuncian.
«Con la trayectoria de algunos ayuntamientos de esta isla y la picaresca (delincuencia) urbanística que sufre esta isla, y los millonarios beneficios económicos que suponen las legalizaciones, esta no parece una idea demasiado buena», alertan.
«A raíz de la última amnistía urbanística», desde el GEN subrayan que existen «numerosas sospechas de fraude en expedientes de legalización» como antigüedades “no comprobadas”, infracciones no terminadas y, por tanto, en curso de ejecución que se habrían permitido finalizar o cambios de uso de edificaciones agrarias a viviendas.
Matizan que, con la nueva amnistía, «no es suficiente que una edificación esté realizada antes de una fecha determinada, es necesario también que desde esa fecha no haya sido objeto de obras que hayan interrumpido el plazo de prescripción».
En el caso de las obras en el interior de zonas ANEIs, «solo podrían ser legalizadas aquellas que no hubieran sido objeto de obras desde el año 1991, en caso contrario se trataría de infracciones continuadas y no prescribirían al encontrarse dentro de espacios protegidos».
Además, la antigüedad de las edificaciones que se pretendan legalizar «debe quedar acreditada de forma fehaciente, no en una parte sino en su totalidad».
Puntualizan que tampoco se pueden convertir edificaciones agrarias o ruinas en nuevas viviendas.
«En definitiva, no se puede permitir un nuevo coladero de ilegalidades que premie las infracciones y permita, aún más, que los especuladores hagan negocio a costa de nuestro maltrecho territorio», remarcan.
La acción pública en materia de medio ambiente y urbanismo está reconocida por la normativa vigente «y es haciendo uso de esta y del derecho a la información urbanística que el GEN-GOB se ha personado en todos los ayuntamientos para ser considerado parte interesada en la totalidad de los expedientes de legalización que se pretendan amparar en el nuevo decreto ley».
Por ello, «ningún expediente podrá ser resuelto sin al menos dar traslado a nuestra entidad y ninguna autorización podrá considerarse vigente hasta que nos sea notificada formalmente», concluyen.
