El GEN pide la declaración de Sant Josep como zona de catástrofe ambiental inducida y exige parar su crecimiento urbanístico

La asociación ecologista GEN-GOB ha solicitado la suspensión inmediata del planeamiento urbanístico de Sant Josep argumentando que contiene previsiones de crecimiento poblacional «a pesar de estar en una situación de emergencia ambiental».

La organización ha presentado alegaciones al Avance del nuevo Plan General de Ordenación Urbana y se muestra muy preocupada por el “agotamiento insostenible de recursos” que padece el municipio y que recuerdan que el propio ayuntamiento admite en el documento (adjuntando citas textuales de la memoria del mismo).

Según el análisis presentado, el consistorio «reconoce que la gestión de residuos ya es insuficiente«, «superando incluso a la ciudad de Ibiza en volumen de desechos», y que la disponibilidad de recursos hídricos «no alcanza para abastecer ni a la población actual«, agravándose en verano con la masificación turística. Esto se ha vivido repetidamente con cortes de agua y problemas de suministro en zonas como sa Caleta.

El uso excesivo del agua subterránea ha deteriorado los acuíferos, según denuncian, y las desaladoras no pueden cubrir la demanda ya que se encuentran al 100 por 100 de su capacidad de producir agua desalada, tal y como recuerdan los ecologistas.

Además, el sistema de tratamiento de aguas residuales «es claramente deficiente», especialmente en zonas rurales urbanizadas irregularmente, lo que provoca vertidos. Y otras zonas turísticas del municipio como Cala de Bou han visto cómo reventaban directamente sus conductos de fecales.

Pese a este panorama, «el plan urbanístico prevé un aumento de población del 50%«, lamenta el GEN-GOB y contempla nuevas zonas urbanizables, incluso en áreas costeras protegidas, lo que la organización califica de “ilegal” y “escandaloso”. También critican la falta de lógica al justificar nuevas viviendas mientras se admite que hay entre 2.000 y 3.000 viviendas vacías en el municipio.

En resumen, las exigencias del GEN-GOB son: la paralización total del crecimiento residencial y turístico en todo tipo de suelo; la creación de un comité de expertos que redefina el modelo territorial en base a los recursos reales del municipio; la evaluación de la expropiación y demolición de urbanizaciones ilegales en suelo rústico y la declaración de Sant Josep como zona de catástrofe ambiental inducida, debido a la pérdida de biodiversidad, el colapso hídrico, la contaminación marina y la destrucción paisajística.

“Nos encontramos ante un territorio que ha sido víctima de décadas de especulación urbanística amparada por la administración, y que ahora no puede garantizar servicios básicos ni preservar su medio ambiente”, ha señalado Joan Carles Palerm, presidente de la entidad.

A continuación, el texto íntegro, firmado por Joan Carles Parlem, presidente del GEN-GOB.

Sugerencias al documento de Avance sometido a información pública

«A pesar de todas las advertencias, el Ayuntamiento de Sant Josep de sa Talaia aprobó, a mediados de los años 80, un planeamiento con capacidad de desarrollo urbanístico muy por encima de la disponibilidad de los recursos básicos y que, además, supuso un atentado contra la calidad paisajística del municipio. El desarrollo de dicho planeamiento a lo largo de 40 años, sumado a la constante indisciplina urbanística y al desarrollo de urbanizaciones enteras al margen de la legalidad, con, como mínimo, la indiferencia del ayuntamiento, ha comportado unos problemas casi imposibles de resolver y que impactan directamente en la caída de la calidad de vida de los habitantes del municipio. Estos han visto cómo, lejos de disponer con las Normas Subsidiarias (NNSS) de una herramienta para el desarrollo sostenible y la preservación ambiental y paisajística, han tenido una auténtica arma de destrucción territorial hecha y aplicada exclusivamente en beneficio de intereses especulativos contrarios al interés general.

El propio documento presentado, a pesar de su parcialidad y, en algunos puntos, falta de rigor, admite la desastrosa situación a la que ha llevado esta «planificación» urbanística al municipio.

Así, respecto a la producción de residuos en el municipio, entre otras cosas, podemos leer en la memoria:

«La gestión y tratamiento de los residuos urbanos en Sant Josep de sa Talaia resulta ser insuficiente a consecuencia del alto porcentaje de residuos generado, siendo incluso este superior al del municipio de Ibiza. Será objetivo prioritario el fomento del reciclaje para reducir estas cantidades tan elevadas.»

Respecto a la disponibilidad de recursos hídricos (¡atención! que además se emplean datos obsoletos):

«Alta demanda en verano debido a la llegada de numerosos turistas. Más de la mitad del agua suministrada en la isla de Ibiza se realiza durante la temporada alta del turismo, meses de julio y agosto. Esta estacionalidad en el municipio de Sant Josep es superior a la media de la isla, lo cual provoca una incapacidad de abastecimiento de recursos hídricos para esta población flotante.»

«Los recursos hídricos de Sant Josep procedían históricamente de las extracciones de aguas subterráneas. Las dificultades comenzaron cuando se incrementó la presencia de usos residenciales, especialmente de viviendas unifamiliares y de segunda residencia, a causa del auge del turismo.»

«Recursos como las aguas desaladas no son suficientes para frenar la degradación de los acuíferos, por lo que es necesario adoptar medidas normativas para reservar su utilización a situaciones de sequía.»

«Es necesario reducir el consumo de aguas subterráneas incluso por debajo de los límites establecidos en el Plan Hidrológico para lograr equilibrar las extracciones con la capacidad de recarga natural y evitar la sobreexplotación. En caso de no frenar esta tendencia, aumentaría la degradación de las masas de agua y de los frágiles ecosistemas asociados, además de limitar la rentabilidad de los servicios turísticos (gran actividad económica de la isla).»

La memoria admite que, actualmente, no se están recuperando los costes de suministro de agua a la población. De esta forma, también se está ocultando el auténtico alcance del problema de depender de las aguas desaladas tras haber permitido un desarrollo completamente desorbitado en relación con los recursos disponibles. Este engaño, sin embargo, no podrá durar eternamente y tarde o temprano se expondrá a la población a tener que asumir los costes reales del despropósito urbanístico y a restricciones inevitables en el servicio.

La memoria ignora, al calcular la demanda hídrica, a la población dispersa en suelo rústico, que ha sido objeto de un desarrollo urbanístico inadecuado completamente ajeno a la función que debe tener este tipo de suelo. Esta demanda no es residual ni insignificante, más aún si se tiene en cuenta la gran cantidad de edificaciones dedicadas legal o ilegalmente al alquiler turístico, con consumos elevadísimos para el mantenimiento de jardines y piscinas, además del gran gasto per cápita de este tipo de “población”.

Así, la documentación presentada no justifica (ni puede justificar) la suficiencia de recursos hídricos, ya no solo para el plan presentado, sino ni siquiera para la actual población del municipio.

Sobre la generación de residuos:

«La gestión y tratamiento de los residuos urbanos en Sant Josep de sa Talaia resulta ser insuficiente a consecuencia del alto porcentaje de residuos generado, siendo incluso este superior al del municipio de Ibiza. Será objetivo prioritario el fomento del reciclaje para reducir estas cantidades tan elevadas, y el impulso de actividades de prevención, reducción y reutilización, y favorecer el desarrollo de la economía circular en todos los procesos.»

Por otro lado, respecto a la gestión de aguas residuales, el municipio presenta gravísimas carencias, no disponiendo de una red adecuada y suficiente de depuradoras en los suelos urbanizados, ni de capacidad de tratamiento del gran volumen de residuos que se originan en la urbanización dispersa del suelo rústico.

A pesar de toda la problemática asociada a los incontestables excesos urbanísticos de Sant Josep, el documento presentado prevé permitir un incremento de población del 50%, ¡incluso llega a clasificar nuevos suelos urbanizables (de forma completamente ilegal) dentro de Áreas de Protección Territorial de costas! Curiosamente, en la zona de Platja d’en Bossa, donde se ha producido el mayor número de desarrollos ilegales ante la absoluta inactividad del Ayuntamiento. Estas reclasificaciones parecen beneficiar precisamente a quienes han perpetrado el mayor número de ilegalidades urbanísticas en la zona.

Por otro lado, resulta significativo que se pretenda justificar necesidad de vivienda en el municipio mientras se admite la existencia de entre 2.000 y 3.000 viviendas vacías, lo que desmonta por completo que la solución pase por más edificaciones, mientras, por ejemplo, se sigue permitiendo el uso turístico de las viviendas. Se quiere recordar que la vivienda es un derecho básico y que los poderes públicos tienen la obligación constitucional de impedir la especulación.

Por todo lo expuesto, ante el hecho de que el documento presentado no solo no contempla las necesarias medidas para detener y revertir los graves problemas ambientales y sociales generados por el desarrollismo extremo permitido durante décadas en el municipio de Sant Josep —que ya fueron expuestos en el momento de tramitación de las actuales NNSS— sino que persiste en un crecimiento insostenible que agravará cada uno de ellos, se solicita:

• La paralización de cualquier nuevo crecimiento de uso residencial y/o turístico en el municipio de Sant Josep de sa Talaia, en cualquier tipo de suelo, con la suspensión del planeamiento urbanístico por razones de emergencia y de interés público.
  
• La creación de un comité de expertos para elaborar un documento basado en la situación real de los recursos del municipio y la capacidad real de acogida de su territorio, que sirva de base para emprender las necesarias medidas de decrecimiento, especialmente en lo que respecta al sobredimensionado sector turístico, y permitir así la recuperación de los recursos naturales y la calidad de vida de los residentes, en la medida de lo posible.
  
• Que se evalúe la expropiación para la demolición y recuperación del estado natural de los suelos urbanizados ilegalmente y que se encuentran clasificados como suelo rústico.
  
• La valoración de la declaración del municipio como zona de catástrofe ambiental inducida por la acción urbanizadora humana, que ha conllevado la destrucción paisajística, el agotamiento de los recursos hídricos, la pérdida acelerada de biodiversidad, la contaminación marina por vertidos de EDARs claramente insuficientes, la pérdida de productividad agrícola por la deriva del suelo rústico hacia usos urbanísticos, la contaminación lumínica y sonora que producen y, en definitiva, la insostenibilidad de la situación actual, más aún de cara a los retos que presenta el cambio climático ya a corto o medio plazo».