El grupo ecologista GEN ha presentado alegaciones a la modificación del PTI (Plan Territorial Insular) del Consell de Ibiza porque permite aumentar la edificabilidad, «mientras el 70% de los acuíferos están en un estado crítico».
«Mientras la isla de Ibiza no tiene garantizado el suministro de agua ni para las viviendas ya existentes, el Consell ha aprobado un incremento de la edificabilidad en rústico que supondrá la construcción de centenares de nuevas viviendas, añadidas a aquellas que se pueden autorizar con el Plan Territorial actual», lamentan los ecologistas.
Según los últimos datos que han podido consultar, el 70% de los acuíferos de Ibiza se encuentran en estado crítico y los pocos que se encontraban en buen estado «se están empleando ahora para suministrar camiones a las áreas donde ya no es posible usar los pozos de abastecimiento, con lo cual, en caso de mantenerse el buen estado de conservación, seria por poco tiempo».
El Consell Insular se convierte «en un ejemplo de irresponsabilidad», según los ecologistas, que alertan de que la sequía de la isla es «cada vez más extrema» y que no es un hecho aislado, como no lo son las temperaturas cada vez más elevadas. «El cambio climático es real y el reto más importante al que nos enfrentamos», remarcan.
Subrayan en este sentido que son necesarias políticas de contención urbanística y de decrecimiento turístico, «no pasos atrás».
Los cálculos de consumo de estas nuevas viviendas «se encuentran completamente alejados de la realidad». «Se calcula partiendo del consumo urbano de quien vive en un piso, sin ningún ajardinamiento ni piscina (ni sala de fiestas en el sótano)», destacan en relación a que estas casas consumen mucha más agua que una vivienda en una ciudad.
«A la vez que se incrementa, injustificadamente, la edificabilidad en suelo rústico, el mismo Consell Insular manifiesta que se está desincentivando porque prohíbe el alquiler turístico, como si esta institución tuviera ningún control real sobre esta tema. (Según datos de 2019, en la isla de Ibiza había una ocupación del 122% de la capacidad teórica de alojamiento)», explican los ecologistas.
Por otro lado, con la modificación propuesta se abre la puerta a una nueva modalidad de alquiler turístico en las casas pagesas, a la que se calcula que se podrán acoger hasta 1.700 viviendas. «La limitación a dos meses de la temporada de alquiler turístico a estas viviendas que se establece es, también, un brindis en el Sol, imposible de controlar», alertan.
El hecho que los beneficiarios de la ampliación de las posibilidades edificatorias «sean los herederos en segundo y tercer grado, también garantiza que quienes podrá edificar serán quienes más tengan y las familias con más propiedades», afea el GEN. «La función del campo como suelo agrícola queda, una vez más relegada y perjudicada y el Consell Insular demuestra que elude su función de protegerla defendiendo intereses particulares contrarios al interés general», critican.
Una muestra más «del absurdo» es que se pretenda «exonerar los sótanos y semi sótanos de las viviendas de contabilizarse como edificabilidad, por si se quieren destinar a cosas tan tradicionales como gimnasio o salas de cine (una manera eufemística de permitir también salas fiestas encubiertas, destino cada vez más tradicional en nuestro campo)», aseguran.
Se da la circunstancia que el Consell tiene varios expedientes de infracción urbanística por construcción ilegal de sótanos en villas situadas en espacios protegidos, «¿qué pasará con estos expedientes?», se preguntan.
En definitiva, la modificación el Plan Territorial Insular supone, para el GEN, «un retroceso en la protección del territorio de la isla de Ibiza».
Las necesarias medidas como la prohibición del alquiler turístico en las nuevas viviendas son insuficientes y se “compensan” por la llegada de la nueva modalidad de alquiler habitacional en el campo, añaden.
«No tiene sentido la justificación que se da de conseguir rentas para el mantenimiento de las propiedades. Estas rentas también se pueden conseguir alquilando las estancias a trabajadores de invierno como los profesores (9 meses) o trabajadores de temporada de verano (6 meses)», sugieren.
Desde el GEN-GOB reclaman «crecimiento urbanístico cero y el decrecimiento turístico como único camino para mitigar, que no ya evitar, las graves consecuencias que comporta el excesivo crecimiento urbanístico de las últimas décadas».
