El Consejo de Ministros aprueba este martes el decreto que activa el reparto de menores migrantes no acompañados entre comunidades autónomas. La norma fija una capacidad ordinaria de 32 plazas por cada 100.000 habitantes y permitirá derivar a unos 3.000 jóvenes desde territorios tensionados como Canarias y Ceuta hacia otras regiones.
El decreto contempla la situación de contingencia migratoria para aquellas comunidades que tripliquen su capacidad ordinaria de acogida. En estos casos, los menores deberán ser trasladados en un plazo máximo de 15 días. Según los datos del Ejecutivo, la mayoría de autonomías acogen menos jóvenes de los que les correspondería, salvo Canarias, Ceuta, Baleares y Euskadi.
Con cálculos de julio, el Gobierno estimaba que Andalucía (677 menores), Madrid (647) y Comunidad Valenciana (571) serían las comunidades que más jóvenes recibirían. En el caso de Baleares, la cifra se sitúa en 49, un número que se suma a la presión ya existente en las islas.
Críticas en Ibiza
En Ibiza, el Partido Popular ha cargado con dureza contra la gestión del Ejecutivo central. Los populares denuncian la “falta de previsión” del Gobierno y lo acusan de “ineptitud” ante una crisis que consideran desbordada. Señalan que los recursos sociales en las Pitiusas están saturados: en la actualidad, el Consell de Ibiza tutela a unos 140 menores, de los cuales más de la mitad son migrantes, mientras que Formentera afronta una presión similar con más de un centenar de menores bajo tutela.
Desde el PP ibicenco subrayan que la llegada de nuevos jóvenes sin acompañamiento supone un esfuerzo que las instituciones locales no pueden asumir sin el apoyo económico y logístico del Estado, y reclaman una respuesta inmediata y coordinada.
Recurso judicial
El sistema de reparto ha sido recurrido ante el Tribunal Constitucional por diez comunidades gobernadas por el PP y por Castilla-La Mancha. Además, tanto Madrid como Baleares han acudido al Tribunal Supremo para solicitar la suspensión cautelar de la aplicación del decreto.
Mientras tanto, la normativa seguirá en vigor: si alguna comunidad rechaza la llegada de los menores asignados, los profesionales encargados podrán requerir el apoyo de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, que pondrán los casos en conocimiento de la Fiscalía para garantizar la acogida en destino.
enhorabona govern central??? tiempo al tiempo