El Govern de les Illes Balears ha reclamado en Madrid al Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible la adopción «urgente» de medidas de carácter estatal para evitar la posible llegada de vehículos de turismo con conductor (VTC) durante la temporada alta en las Illes Balears, procedentes de otras comunidades autónomas, con solicitudes actualmente en vía judicial y que se podrían ver beneficiadas de los efectos derivados de la reciente sentencia del Tribunal Supremo.
En la sentencia, el alto tribunal estima un recurso contra la denegación de 1.000 licencias VTC que adoptó la Comunidad de Madrid aplicando la limitación estatal de una licencia de VTC por cada 30 de taxi.
La resolución va en línea con la sentencia anterior del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) que también cuestiona la limitación de la ratio 1/30 fijada en España en la normativa estatal aprobada en 2018.
Así, recuerda que el TJUE considera esta limitación contraria a la libertad de establecimiento del Tratado de la UE salvo que se haya acreditado que es una medida idónea y proporcionada en relación con criterios medioambientales, de buena gestión del transporte y del tráfico, del espacio público y de protección del medio ambiente.
La sentencia 41/2024 del Supremo aclara que anular la denegación no supone la concesión de las 1.000 licencias, sino que ordena que las solicitudes tengan que ser tramitadas nuevamente y que la administración tenga que resolver en base a la normativa aplicable en el momento en que se formalizó la solicitud, sin poder aplicar la limitación 1/30 fijada por el Gobierno central.
Se trata de autorizaciones solicitadas antes de la entrada en vigor del Real Decreto estatal del año 2018, la llamada Ley Ábalos, cuando las solicitudes de VTC eran nacionales, y no se limitaba el inicio del recorrido en la comunidad autónoma donde estaban domiciliadas.
Los efectos de la sentencia podrían posibilitar que las solicitudes de autorizaciones de VTC que se encuentran en vía judicial en España, puedan realizar un 20% de sus servicios en otras comunidades autónomas, entre ellas las Illes Balears, tanto en trayectos urbanos como interurbanos, según trasladó el Govern este jueves durante una reunión de todas las comunidades autónomas con el Ministerio de Transportes.
A pesar de se trata de una sentencia relativa a otra comunidad, el Govern de les Illes Balears ha alertado que la resolución del Supremo puede tener efectos en las Balears y en el conjunto de España, especialmente en el caso de un territorio limitado como las Islas y durante la temporada alta, por el impacto de la llegada de VTC en la frecuente congestión del tráfico durante el verano.
La directora general de Movilidad, Lorena del Valle, ha trasladado esta preocupación durante la reunión en Madrid entre los directores generales de Movilidad de los gobiernos autonómicos y representantes del Ministerio, encabezados por su directora general de Transporte Terrestre.
La consellera de Vivienda, Territorio y Movilidad, Marta Vidal, también elevará la cuestión al ministro Oscar Puente, a pesar de que por ahora no se ha recibido ninguna respuesta a las sucesivas peticiones de reunión desde finales de noviembre.
Ha ratificado el compromiso del Govern con la movilidad sostenible ante los posibles efectos derivados de la sentencia sobre la gestión adecuada del transporte y el tráfico, la ocupación del espacio público y el medio ambiente.
El Govern de les Illes Balears, según ha reiterado la consellera Vidal, tomará todas las medidas posibles dentro de sus competencias para regular de forma equilibrada el servicio del taxi y los VTC, y evitar un alud de autorizaciones de VTC no asumible en el territorio insular.
«Sin embargo, en el actual escenario es necesaria la acción del Gobierno central para adoptar una regulación en este caso, dado que se trata de solicitudes judicializadas antes de la entrada en vigor de la ley estatal de 2018», añaden.
El análisis de la resolución del Supremo reafirma también la línea de trabajo de Movilidad del Govern «en el sentido de elaborar una normativa adaptada a las diversas sentencias judiciales y regular las autorizaciones de VTC con el establecimiento de criterios objetivos, medioambientales, de gestión del transporte y del tráfico, entre otros», destacan desde el Govern.
Una vez iniciada la tramitación parlamentaria de una proposición de ley de modificación de la Ley 4/2014 de transportes terrestres y movilidad sostenible, se han presentado enmiendas alineadas con las propuestas del Govern los últimos meses y que tienen como objetivo mejorar el servicio de taxi y su competitividad, garantizando el servicio en todas las zonas y en todas las franjas horarias, y regular las autorizaciones de los VTC, desde el respecto a la libertad de empresa.
Tal como ha manifestado el Govern en otras ocasiones, «es necesaria una normativa sólida para regular las autorizaciones de este tipo de vehículos y para evitar la concesión de la avalancha de nuevas licencias de VTC solicitadas, las más de 10.000 que se han recibido en Baleares durante el 2023 ante posibles cambios legislativos derivados de varias sentencias».
Entre otras medidas, se ha propuesto «la suspensión temporal de concesión de nuevas licencias de taxi y de VTC en las Illes Balears hasta que no se apruebe un decreto que establezca los criterios para su concesión, basados en la mejora de la calidad del aire, la gestión del transporte, del tráfico y del espacio público», tal como marcó el camino a seguir el Tribunal de Justicia de la UE y como ahora ha ratificado el Tribunal Supremo.
