El exvicepresidente del Parlament de Catalunya, el ibicenco Josep Costa, que logró absolución en el juicio por desobediencia a los miembros soberanistas de la Mesa del Parlament, no se ha dado por satisfecho y ha presentado un escrito de denuncia ante el Consejo General del Poder Judicial en la que reclama «medidas disciplinarias al presidente del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, Jesús María Barrientos, por la comisión de faltas muy graves», avanza hoy el medio El Món.
Esta denuncia podría derivar para Barrientos en multas o incluso ser apartado del ejercicio jurisdiccional.
La denuncia por responsabilidad disciplinaria también incluye al magistrado Carlos Ramos. «La conducta de los dos magistrados constituye, para Costa, una serie de acciones que cabría considerar como faltas muy graves, graves y leves en las previsiones disciplinarias de la LOPJ», indica el medio que ha tenido acceso a la denuncia.
La denuncia concluye que los hechos descritos están tipificados en el artículo 417.8 de la LOPJ como infracción muy grave, que consiste en “la inobservancia del deber de abstención a sabiendas de que concurre alguna de las causas legalmente previstas”, describe El Món.
Costa los señala, entre otras cosas, por «exceso o abuso de autoridad”
El Món explica que los hechos denunciados se remontan al 3 de mayo de 2022, cuando el TSCJ notificó la composición del tribunal a los acusados por desobediencia como miembros de la mesa del Parlamento que presidía Torrent. Una sala de enjuiciamiento que tenía que estar configurada por Barrientos, Ramos –que también tenía que ser el ponente de la sentencia– y Carles Mir.
«Costa recusó a Barrientos y Ramos por carencia de imparcialidad y pidió su abstención. Los dos magistrados, sin embargo, se opusieron con un informe que Costa define como escrito con gran vehemencia y con toda clase de consideraciones irrespetuosas hacia él«.
Según la queja de Costa ante el Consejo General del Poder Judicial, «los dos magistrados propusieron prueba para demostrar la veracidad de sus posiciones y, por lo tanto, se constituyeron indebidamente en parte de un pleito con el recusando».
A principios de julio, la sala especial de recusaciones decidió por unanimidad apartar a Barrientos del pleito. «La resolución advertía que había suficiente con la airada respuesta de los recusados para acreditar su carencia de imparcialidad», indica El Món.
Carlos Ramos continuaba formando parte del tribunal y pidió una multa a Costa por una supuesta «mala fe procesal».
A principios del mes de agosto, Ramos se tuvo que apartar porque sus compañeros halaron en su conducta dudas sobre su imparcialidad.
«En la denuncia, Costa subraya que, a pesar de haber sido recusado, Barrientos continuó metiéndose en el juicio con el argumento de que es el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña», añaden.
El magistrado decidió quién sería su sustituto, quien sustituiría a Ramos y quien tenía que relevar al magistrado Jordi Seguí en la sala de recursos. «Costa entendió como ilegales estas decisiones y las impugnó tanto por vía administrativa –recurso de alzada al CGPJ– como por la vía jurisdiccional, en forma de recurso de queja, reposición y revisión», explican.
Ninguno de los recursos prosperó.
Ahora bien, las resoluciones dieron munición a Costa: «Si entendemos que los actos de designación de magistrados son de naturaleza jurisdiccional, ¿con qué excusa se justifica que los haya dictado un magistrado recusado?» expone ahora Costa.
Uno de los otros puntos que Costa incluye en la denuncia es que los magistrados no se abstuvieron en otros procesos penales «de especial trascendencia».
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