@Noudiari / El Parlamento ha aprobado, este martes, la nueva Ley agraria de Illes Balears, una reforma que prioriza la agricultura en detrimento del urbanismo. En este sentido, el espíritu de la Ley es garantizar la continuidad de la actividad agraria y la producción de alimentos en Balears mejorando las rentas de los campesinos y protegiendo los recursos que necesitan para llevar a cabo su tarea.
Una de las principales novedades de esta Ley es la redefinición de la figura del pagès: se da importancia a su actividad no solo como generador de alimentos sino también como labrador del paisaje. Este último aspecto se reconoce con dos nuevas figuras: el contrato territorial y el parque agrario. La primera tiene que ver con la conservación, y consiste en cubrir los costes que representa para los campesinos la generación de toda una serie de externalidades sociales y ambientales positivas para el paisaje (mantenimiento de los márgenes, dinamización de otros sectores económicos, etc.). Además, por primera vez, se abre la posibilidad que se pueda exigir a quién genere presión sobre suelo rústico, haciendo un uso atípico, que compense el sector agrario con estos dos instrumentos.
Uno de los principales objetivos que se marcó la Consellería de Medio Ambiente, Agricultura y Pesca fue reservar el espacio que pertenece al sector agrario para evitar que se expulse el campesino del campo o sea desplazado por usos impropios del suelo rústico, como el turístico o el residencial. En este sentido, el consejero Vicenç Vidal, que hoy ha defendido el Proyecto de Ley al pleno del Parlamento durante el debate y aprobación de la normativa, ha recordado que “el acceso a la tierra cada vez es más complicado y más caro” por culpa de la insularidad pero también por la presión urbanística: “el precio de la hectárea agraria se ha multiplicado por 4 desde los años 80”.
Partiendo de esta idea, la Ley agraria establece una nueva figura de protección para el suelo rústico: las Zonas de Alto Valor Agrario (ZAVA), tierras especialmente ricas para la agricultura que se crean como espacio de uso exclusivo para el sector agrario, que tendrán prioridad a la hora de recibir ayudas.
Finalmente, el texto establece que serán los consells insulares, con la participación de representantes agrarios, los encargados de delimitarlas en un plazo máximo de dos años después de la entrada en vigor de la Ley. Pasado este plazo, y solo en el supuesto de que no se haya completado la delimitación, esta la podrá hacer la consellería competente en materia de Agricultura. Hasta que los consejos delimiten las ZAVA, hará falta un informe de la Dirección General de Agricultura para llevar a cabo usos y/o edificaciones no agrarias a las Áreas de Especial Interés Agrario (AIA).
También se ha modificado el límite de seis meses el año para practicar esta actividad complementaria y se ha ampliado la posibilidad de ofrecer alojamiento en una vivienda de la explotación diferente a la residencia del campesino. Se mantiene, pero, que el campesino tiene que residir en la misma explotación. Los interesados, además, ya no tendrán que cumplir todos los requisitos que marca la Ley turística, a pesar de que tendrán que comprar las plazas correspondientes, que tendrán una categoría específica y un precio más reducido.
Se trata de una actividad complementaria que, para que no se convierta en sustitutoria de la agraria, solo podrán llevar a cabo las explotaciones preferentes, profesionales y prioritarias.
En cambio, la venta directa, la degustación del producto propio y la primera transformación se pueden llevar a cabo en cualquier tipo de explotación.
Por primera vez, además, se incluye en una ley de estas características, una relación de derechos y deberes de los propietarios en suelo rústico en materia de sanidad vegetal. Se quiere evitar que la carencia de cuidado pueda representar un foco de infección para las producciones agrarias, como en el caso de la Xylella fastidiosa.
Por otro lado, toda la ganadería se considera una actividad agraria estratégica, independientemente de la especie (para la ley anterior solo lo eran los équidos).
En cuanto a la producción agraria, se reconoce la importancia de las razas autóctonas y las variedades vegetales locales también como patrimonio genético balear. Por este motivo, se crea el Catálogo de variedades locales y se fomenta la siembra de estas variedades. También se prohíbe sembrar organismos modificados genéticamente (transgénicos), atendiendo la directiva europea.
Menos urbana pero turística, con 12 plazas de «agroestancia» por vivienda rural. Flipant!!