@D.V./ El anuncio por parte de la Audiencia Provincial de Palma de imputar a la exalcaldesa Lurdes Costa y a todo su anterior equipo de gobierno por unos presuntos delitos de malversación de fondos públicos y prevaricación por el caso Park Control, ha caído como agua de mayo en la sede del PP de Vila, después de unas semanas en el que sólo se habían sucedido malas noticias. Así, la regidora del PP de Vila y alcaldesa in pectore, Pilar Marí, ha exigido al PSOE “la misma contundencia con la que nos han exigido dimisiones a nosotros, y que por coherencia se apliquen el mismo rasero que piden a los demás”. Marí ha pedido la dimisión de todos sus cargos de Lurdes Costa y de todos los regidores imputados, y ha anunciado que el Ayuntamiento de Eivissa sopesa, en vista de lo sucedido, presentarse a esta causa judicial.
“Se tomaron decisiones perjudiciales para los ciudadanos”
La que fuera líder del grupo municipal popular durante la legislatura de Lurdes Costa, Virtudes Marí, ha realizado un resumen del caso Park Control y ha recordado que en febrero del año 2010 detectaron que, entre los años 2007 y 2009, el Ayuntamiento de Eivissa no había ingresado ni un euro a cargo de los cánones de la zona azul. Posteriormente, se supo que eso se debía a que el Consistorio había condonado 412.120,51 euros a Park Control porque asumía la cuantía del Impuesto de Bienes Patrimoniales, una tasa que en el pliego de condiciones de la contrata no quedaba claro si debía asumir la empresa a no.
“Resulta muy curioso que, cuando se plantea este conflicto, el Ayuntamiento de Eivissa sistemáticamente toma la decisión que más beneficia a Park Control y que más perjudica a los intereses públicos” afirma Marí. La ex regidora del PP también ha puesto en duda el informe técnico que solicitó el Ayuntamiento en verano de 2010 y en el que se avalaba la decisión del Consistorio: “Como decimos aquí: Qui paga, mana. El Ayuntamiento solicitó un informe cuyo resultado fuera acorde con sus intereses”.
Supuesto trato de favor
Virtudes Marí también ha recordado que Park Control, la empresa que tenía la concesión de las zonas azules y que habría recibido este presunto trato de favor, tenía como delegado en Eivissa a Santiago Juan, militante socialista que actualmente es vicepresidente del Consell Insular de Formentera: “Él era quien despachaba directamente con los regidores de Eivissa, y quien llevaba personalmente las conversaciones de la empresa con el Ayuntamiento”.
La exregidora popular también ha acusado a Park Control de manipular los cánones fijos y variables de la concesión para beneficiar sus intereses, y ha concluido no entender que “el Ayuntamiento perdone esas cantidades a una empresa privada y esté velando por sus intereses”. Marí ha asegurado que la cantidad de la que están hablando, 412.000 euros, “no es calderilla”, y constituye un caso “gravísimo que, como mínimo, debe ser investigado a fondo”.
