@Noudiari/ Mediante una proposición no de ley el grupo socialista en el Parlament balear pedirá al Govern balear que realice las actuaciones necesarias para que, de manera progresiva, se asegure a los diferentes municipios de las islas una oferta suficiente de viviendas adaptadas para personas con discapacidad en régimen de alquiler protegido. Por ello, los proyectos de construcción de viviendas de protección oficial deberán incluir «un porcentaje mínimo» de viviendas adaptadas para personas con discapacidad.
Este porcentaje dependerá de si se trata de promociones privadas o públicas, pero en cualquier caso deberá tener en cuenta el convenio de colaboración firmado el pasado 6 de noviembre entre el Ministerio de Fomento y la Comunidad Autónoma de Baleares «sobre la ejecución del plan para facilitar la accesibilidad a las viviendas de las Islas «.
Dos viviendas por cada 100
La propuesta socialista insta al Govern a realizar las modificaciones reglamentarias necesarias para la reserva de viviendas adaptadas en las promociones privadas en una proporción que llegaría hasta dos viviendas por cada 100 construidas y hasta tres en caso de que la promoción llegara a los 200. En cuanto las promociones públicas, esta proporción prácticamente se doblaría.
Tal y como recoge la iniciativa, que será defendida por el diputado socialista Enrique Casanova durante la Comisión de Medio Ambiente y Ordenación Territorial de mañana miércoles, «en Balears existe un número importante de personas que, como consecuencia de su discapacidad congénita o sobrevenida, tienen un problema añadido a la hora de acceder a viviendas en régimen de alquiler adaptados a sus necesidades específicas».
El diputado socialista considera fundamental que el Govern «garantice la existencia de un parque de viviendas adaptadas» que pueda satisfacer las necesidades derivadas de la situación de discapacidad. Además, según Casanova, «estas personas, muchas veces, no tienen asegurados unos ingresos suficientes para poder acceder a viviendas en régimen de alquiler libre y tienen que recurrir a buscar vivienda en régimen de alquiler protegido para poder compatibilizar sus ingresos con el precio alquiler existente en nuestras Islas «.
Acceso «preferente»
Por tanto, y atendiendo a los derechos que recoge la actual normativa, el acceso a viviendas de protección oficial, sea en régimen de adquisición o de alquiler, debería ser «preferente» para las personas dependientes o con discapacidad. Igualmente, la Ley establece que las viviendas «deberán garantizar la accesibilidad y el desarrollo de manera cómoda y segura» para estas personas.
Finalmente, y según la iniciativa presentada, este tipo de viviendas adaptadas que se ofrezcan en régimen de alquiler «se podrán adjudicar tanto a personas individuales como a asociaciones y / o fundaciones con carácter no lucrativo que atiendan a personas con discapacidad y que se destinen a la promoción de la vida autónoma «.
