El Supremo confirma la nulidad del decreto del catalán en la Sanidad balear

La Sala de lo Contencioso del Tribunal Supremo ha dictado una providencia que confirma la nulidad del Decreto 8/2018 por el que se regula la capacitación lingüística del personal estatutario del Servicio de Salud de las Islas Baleares, como ya estableció el TSJ de esta comunidad autónoma, según ha anunciado en un comunicado la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF).

Esta decisión se produce tras la demanda del sindicato, el más representativo en las administraciones públicas, “al entender que la regulación del catalán penalizaba los derechos a la carrera profesional y a la movilidad del personal sanitario”.  

Ahora, el Tribunal Supremo inadmite a trámite el recurso del Gobierno balear confirmando la sentencia previa. En dicha sentencia, el TSJ ya advertía de que “la privación terminante del derecho a la movilidad (del citado decreto) es evidentemente desproporcionada y, con ello, vulneradora de lo dispuesto en el artículo 129.3 del Estatuto Básico del Empleado Público”. 

Esta sentencia, además, aludía a la progresividad en el nivel de conocimiento exigible de catalán puntualizando que, “esa progresividad puede verse excepcionada en algún caso, justamente en atención a la ineludible garantía de los intereses generales más prioritarios, esto es, para salvaguardar la prestación efectiva -y satisfactoria- de los  servicios públicos esenciales”. 

De hecho, la propia Ley de Función Pública de Baleares establece con carácter general el conocimiento del catalán como requisito cuando debe respetar el principio de proporcionalidad y adecuación entre el nivel de exigencia y las funciones correspondientes. En este sentido, CSIF presentará una enmienda al Proyecto de Ley de los Presupuestos Generales del Estado para que el Estatuto Básico del Empleado Público (“norma básica estatal”) contemple el conocimiento de las lenguas como un mérito, “pero nunca como requisito, para dar seguridad jurídica ante este tipo de situaciones”.

Modificación de la Ley 
A partir de esta resolución del Supremo, CSIF exige al Ejecutivo balear que modifique la Ley 4/2016 sobre el uso del catalán en la función pública con el fin de que la acreditación de esta lengua sea un mérito, pero nunca un requisito, señala. En el caso del Servicio de Salud, “se dificulta de manera grave la cobertura de necesidades de personal para dar un servicio de calidad a la ciudadanía”, indica el sindicato. 

A raíz de esta situación, señala el sindicato, “nos encontramos ante una grave inseguridad jurídica que está provocando una gran insatisfacción y desánimo en el personal de la sanidad, así como una grave discriminación entre las diferentes categorías, cuando la pandemia del covid-19 ha dejado patente la máxima importancia y el papel esencial de los profesionales”. 

“La sanidad de Baleares necesita captar profesionales que cubran las necesidades (durante los peores momentos de la pandemia se tuvo que realizar llamamientos ofreciendo alojamiento gratuito y primas incentivadoras). Además, se está produciendo un agotamiento de las bolsas de trabajo en numerosas categorías profesionales y es muy preocupante la fuga de profesionales”, prosigue el comunicado.