@C. V. / El municipio de Sant Josep de sa Talaia, en Eivissa, es uno de los diez peores de España a nivel de deterioro de su litoral. Esa es la conclusión del informe presentado este jueves por Greenpeace bajo el título de Destrucción a toda costa 2013 y que, según la organización ecologista, se agravará en los próximos años con la aprobación de la nueva Ley de Costas.
El informe ha analizado, por primera vez, imágenes vía satélite de los primeros 500 metros de la costa de los municipios que conforman el litoral español y ha señalado los diez municipios que más costa han destruido y a un ritmo más acelerado de un listado de 25.
Entre los peores se encuentran, por orden alfabético: Calpe (Alicante), Calvià (Mallorca), Chiclana de la Frontera (Cádiz), Cubelles (Barcelona), Oliva (Valencia), Oropesa (Castellón), Sant Josep de sa Talaia (Ibiza), San Bartolomé de Tiorajana (Gran Canaria), Vera (Almería) y Ziérbena (Vizcaya).
«El entorno paradisíaco de Sant Josep de sa Talaia está acosado por grandes urbanizaciones, separadas unas de otras. Los accesos cancelados y hoteles en primera línea hacen que se haya privatizado de manera no formal el acceso público a la costa. La nueva Ley de Costas da vía libre a que se privaticen una gran parte de sus salinas. Todo esto, a pesar de que parte de la costa de Sant Josep está protegida bajo la Red Natura 2000», asegura el estudio.
Entre las comunidades a las que apunta como más «destructoras», además, se encuentran Valencia, Baleares y Canarias. Según afirma el informe, en Balears se presentan dos casos diametralmente distintos y que recogen los distintos puntos de vista a a hora de proteger las costas. «Por un lado destaca el caso de Menorca, donde se ha producido una moratoria en la construcción. Por otro, en Formentera, con la nueva Ley de Costas, se realizará un nuevo deslinde en la isla que puede provocar una nueva era del ladrillo en esta joya del Mediterráneo», declara.
Riesgos y soluciones
“A pesar del parón absoluto de la construcción a partir de 2008, la principal amenaza actual es la cantidad de suelo declarada como urbanizable aunque no urbanizada o los nuevos impulsos del sector turístico residencial. Además, con la excusa de la crisis económica y debido a los recortes, existe el riesgo de que cualquier proyecto de construcción pueda ser aprobado por unos controles más laxos o inexistentes”, ha declarado Pilar Marcos, responsable de la campaña de Costas de Greenpeace.
Los ecologistas, para evitar tanta destrucción del litoral, ofrecen como solución que los municipios se declaren insumisos en la aplicación de la nueva Ley de Costas o que los planes urbanísticos municipales sean revisados para no permitir más construcciones que dañen la costa.
