Abel Matutes y Gabriel Cañellas, los grandes beneficiados por la Ley de Costas según Greenpeace

La organización Greenpeace ha denunciado en su página web que el anteproyecto de reforma de la Ley de Costas beneficia a Abel Matutes y Gabriel Cañellas «incrementando considerablemente sus arcas patrimoniales».

Los ecologistas apuntan al apartado en el que esta legislación considera que «si los terrenos a que estos se refieren (los apartados anteriores de la ley) hubieran sido inundados artificial y controladamente como consecuencia de obras o instalaciones realizadas al efecto y estuvieran destinados a actividades de cultivo marino o a salinas marítimas, se excluirán del dominio público marítimo-terrestre, aun cuando sean naturalmente inundables».

De esta forma, Gabriel Cañellas, presidente de Salinera Española S.A. (empresa de la que nació Ibifor, S.A., propietaria de los terrenos que lindan con las salinas de Ibiza y Formentera) sale favorecido, según Greenpeace, gracias a «un interesante regalo a la carta», ya que la nueva ley excluye del dominio público no sólo las salinas sino también las parcelas que se vieron protegidas por la Ley de Costas de 1988, es decir, las periferias de protección de 100 metros.

Por su parte, el empresario ibicenco afirmó en julio en declaraciones a NexoHotel.com que como presidente de la mesa de turismo sentía una «gran satisfacción» ante el proyecto de remodelación de la Ley de Costas. «Y esta satisfacción no es para menos», apostillan desde Greenpeace, «tan sólo un apartado de cinco renglones ha hecho las delicias patrimoniales de familiares y allegados del ex-ministro de Asuntos Exteriores. El entramado empresarial de la familia Matutes y sus colegas empresarios es amplísima y se ha centrado, entre otros, en el sector turístico y hotelero, inmobiliario y gestión patrimonial. Es precisamente en estos sectores donde Abel Matutes Juan y Gabriel Cañellas, ambos políticos del PP pero sobre todo empresarios, han compartido negocios».

La organización ecologista aduce que estos cambios legislativos también favorecen a ambos empresarios del PP en otros enclaves del litoral español, como las Salinas de San Pedro del Pinatar o las de la bahía de Cádiz (25 salinas de las que el grupo empresarial de Matutes pasaría a ser propietario tras la aprobación de la nueva Ley de Costas). Greenpeace añade que Abel Matutes, es el vicepresidente del Consejo de Turismo de la CEOE, una entidad que manifestó en abril que la reforma de la Ley de Costas era una de sus prioridades para 2012.

En declaraciones a NouDiari.es, el Grupo Empresas Matutes afirma que las salinas de la bahía de Cádiz, explotadas por una empresa del grupo llamada Cupimar, «han sido propiedad privada desde tiempo de los romanos y están inscritas en el Registro de la Propiedad desde que el registro existe». El conjunto de empresas de Abel Matutes, además, ha definido la Ley de Costas como una ley «conservacionista» y consideran que «como tal, impide que se efectúen nuevas ocupaciones de terreno, tanto en zonas de dominio público coo las zonas de servidumbre aneja al dominio público».

Según Grupo Empresas Matutes, la única diferencia ambas leyes, la anterior y la vigente en la actualidad, es que la legislación previa exigía la demolición de la totalidad de chiringuitos de playa, concesiones y construcciones previamente existentes a 1918, «lo cual representa la desaparición de 450.000 pequeñas empresas y la pérdida de cerca de un millón de puestos de trabajo». Asimismo, Grupo Empresas Matutes subraya que «la gran ventaja de la nueva Ley de Costas es que, rechazando toda nueva ocupación, permite que estas concesiones e instalaciones existentes se conserven y se mejoren (sin ampliar la zona ocupada) en beneficio del empleo y la economía nacional».